En Notimundo al Día, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, denunció que la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, actuó de forma arbitraria durante la sesión del pasado 14 de abril, al no dar paso a su moción para ratificarse en el texto original de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación, pese a contar con los 92 votos necesarios para hacerlo.
A decir de Jaramillo, el proceder de Llori respondió a «las órdenes de Carondelet», pues ahora el proyecto entrará por el ministerio de la Ley, con observaciones a 61 de los 63 artículos, hechas por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Durante la sesión, tampoco se dio paso a los pedidos de palabra que solicitó Jaramillo, por lo que «llama la atención» que no se hayan incluido por parte del Secretario General, pese a haber sido ingresadas con anticipación en el sistema de gestión documental de la Asamblea Nacional.
Jaramillo precisó que, junto a su equipo técnico, se estableció que la opción más viable, una vez que se publique la Ley en el Registro Oficial, será presentar una acción de inconstitucionalidad a la norma en la Corte Constitucional, pese a que reconoce que no existe una plena confianza en ese organismo. Asimismo, el legislador recordó que era necesario un dictamen de la Corte frente al veto «personalísimo» del Presidente Lasso, pues el Mandatario hablaba de temas de inconstitucionalidad.
@JaramilloG_A: “La actuación de @GuadalupeLlori fue arbitraria y llama la atención que aún contando con los 92 votos necesarios para ratificarnos, no dio paso a mi moción”
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— NotiMundo (@notimundoec) April 18, 2022
Ante estas particularidades, Jaramillo se cuestionó: «¿Quién está boicoteando el trabajo de quién?», haciendo referencia a los impasses que existen en la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo en el país. «El Presidente decía que no le dejamos trabajar, y aquí se ve cómo con ayuda de la presidenta de la Asamblea Nacional ya va pasando dos proyectos por el Ministerio de la Ley», apuntó.
Jaramillo expresó que su intención es facilitar la gobernabilidad del presidente Lasso, así como la creación de mesas técnicas para un trabajo articulado entre los dos poderes del Estado.
Además, insistió en que Lasso debe recorrer el país, sobre todo las zonas rurales, para constatar la realidad que viven las mujeres de esas zonas en cuanto a las agresiones sexuales. «¿Cómo se le puede pedir a una niña de 10 años, que ha sido violentada por un miembro de su familia, que relate bajo juramento si fue o no violada?», se cuestionó.
Finalmente, el titular de la Comisión de Justicia recordó que el objetivo de la Ley era posibilitar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de sufrir violencia sexual, por lo que no cabe incluir sanciones a los violadores, pues eso ya consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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