Compartir

La legisladora Marcela Aguiñaga ha manifestado públicamente su respaldo al vicepresidente Jorge Glas.

Notimundo. Todos los derechos reservados.

Marcela Aguiñaga, asambleísta de AP, dice que no conoce al detalle las investigaciones de corrupción en las que se involucra al vicepresidente Jorge Glas. En entrevista que responde vía e-mail aclara que la culpabilidad o inocencia se debe establecer siguiendo el debido proceso.

El presidente Lenín Moreno ha afirmado que con el nuevo gobierno recién se inicia una real lucha contra la corrupción, ¿durante la administración de Rafael Correa, en la que usted participó, no se luchó contra la corrupción?
El Gobierno de Rafael Correa ha sido el único que ha denunciado “casos propios” de corrupción. No se ha encubierto a nadie, gracias a ello muchos de los involucrados ahora están siendo procesados y otros, incluso, han sido condenados. Hemos avanzado, ya no tenemos corrupción institucionalizada repartida en instituciones clave para grupos de poder. Los casos de corrupción recientemente conocidos son puntuales y nuestra postura es que se sancione a los culpables, sobre todo por traicionar la confianza del pueblo ecuatoriano. Hay que recordar que el Presidente Lenín Moreno fue seis años vicepresidente del anterior gobierno y sabe de la lucha frontal contra la corrupción.

La figuras principales de Alianza PAIS (AP) han asegurado que se luchó contra la corrupción, sin embargo investigaciones revelaron un esquema de sobornos que se implementó en las grandes empresas estatales como Petroecuador y para las contrataciones de megaobras como las otorgadas a Odebrecht. Estas serían las mismas prácticas de la partidocracia que ustedes dicen rechazar, ¿por qué caló la corrupción en el país?
Ningún gobierno del mundo está libre de contar con malos ciudadanos que traicionen a su patria y aisladamente abusen de sus espacios para beneficiarse particularmente. Las prácticas de la partidocracia ya no existen: no se hacían hidroeléctricas porque su negocio era la importación de diésel para termoeléctricas, no se hacían escuelas porque en la ignorancia del pueblo radicaba su éxito político, no se reforzaba la seguridad pública porque les interesaba que tengan rentabilidad sus mismas compañías de seguridad. La partidocracia dejaba pasar esto como normal, nosotros combatimos y pusimos las áreas claves al servicio del pueblo; por lo tanto, es uno de nuestros principios la lucha contra la corrupción desde todos los niveles.

¿Por qué el país se ha enterado de la trama de corrupción de Odebrecht y de Petroecuador, por ejemplo, a través de investigaciones independientes como los Panamá Papers o departamentos de justicia extranjeros y no a través de la fiscalización de la Asamblea?
La publicación de Panama Papers fue a partir de una filtración de información por un funcionario de Mossack Fonseca que entregó al Consorcio Internacional de Periodistas, sin este elemento ese entramado de empresas fantasmas no se podía conocer a nivel internacional. El caso Odebrecht se difundió con la delación de uno de los funcionarios de esta empresa, nuevamente, si este hecho no se hubiera dado sería muy difícil conocer estos hechos de corrupción. Ningún delincuente da recibo y más bien trata de ocultar la evidencia. Afirmar que no se ha fiscalizado sería asumir que ningún país mencionado en Panama Papers u Odebrecht lo ha hecho todos estos años. Aquí lo que prima es que las autoridades de justicia sigan los procesos y ningún caso quede en la impunidad.

Hay que recordar que en el anterior periodo la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional realizó una investigación sobre paraísos fiscales y se determinó que habrían irregularidades, no solo de funcionarios públicos sino también de instituciones privadas, por lo que se solicitó a la Fiscalía, SRI, Senescyt y Contraloría tomen las medidas necesarias de acuerdo a sus competencias. En este nuevo periodo aprobamos el Proyecto de Ley para la aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero, propuesta por el expresidente Correa y otras acciones de fiscalización. Hay legisladores y partidos políticos que se opusieron a estas propuestas normativas, al punto de organizar protestas con banderas negras para que no se topen sus intereses.

Fuente: El Universo