Mauricio Alarcón, director (e) de Fundamedios, señaló que el proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet expresa desconocimiento en los “principios elementales del derecho internacional”. Esto se debe a que la Ley “no busca regular los contenidos de manera directa sino observar a los proveedores de las redes sociales”, indicó. Estas son empresas que se constituyen en el exterior y que se amparan en la legislación de esos países.
El Director destacó que muchos de los artículos del proyecto legislativo “existen en los denominados acuerdos de uso que ya firmamos cuando decidimos abrir una cuenta” en redes sociales. Además, el odio y la discriminación “están expresamente prohibidos” por las empresas que proveen estos servicios, dijo. Por ese motivo, cuando el usuario accede a las condiciones para abrir una cuenta, faculta a la empresa para que suspenda los mensajes que podrían ser agresivos e inadecuados hasta que sean revisados.
En algunas ocasiones las empresas de redes sociales colaboran con los gobiernos cuando “efectivamente se está cometiendo algún delito”, según el entrevistado. No obstante, puntualizó que “si la intención del Gobierno nacional es, en cambio, perseguir a quien denuncia un caso de corrupción en Facebook o en Twitter”, las empresas proveedoras de estos servicios se negarán a permitir el acceso a la información solicitada.
De la misma forma, Alarcón destacó que con respecto a las expresiones de odio y discriminación “existe un Código Orgánico Integral Penal (COIP) que castiga” las mismas. Por ende, no sería necesario contar con la nueva normativa y que, por el contrario, podría tener un impacto negativo en la denuncia anónima de casos de corrupción a través de estas plataformas. Por eso, considera que este no es un tema para dialogar, sino que el presidente Lenín Moreno debe retirarlo.
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