Ecuador enfrenta un conflicto armado interno, con un déficit fiscal de USD 5.000 millones y en medio de un clima de debilitamiento institucional y de las fuerzas del orden. Para recaudar recursos, el presidente Daniel Noboa planteó la moratoria del cierre del bloque ITT, pero la propuesta podría no ser viable, debido a que el 59% de la población ya pronunció su voluntad de que el crudo en esa área permanezca indefinidamente bajo tierra.

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que las cifras de desempleo, subempleo y de pobreza, sumado al déficit fiscal, que se espera que este año supere los USD 5.000 millones, obligan a replantear la paralización de operaciones petroleras en el Bloque 43 ITT.

Los ingresos que percibe el Estado por las operaciones hidrocarburíferas en esa zona ascienden a USD 800 millones, y los cerca de 20 millones de barriles que produjo solo en 2023 representan el 14 % del total de la producción petrolera nacional.

Lamentó que desde hace 43 años el país no haya tenido un despunte y ha sido «inclaudicable en su insensatez, en abrir el camino a ser un Estado fallido». «Tenemos pobreza, baja productividad, empresas poco competitivas; nos hemos acostumbrado a la pobreza y seguimos discutiendo estos temas», lamentó.

Añadió que en esta «trágica» situación que vive el país no se puede prescindir de los ingresos petroleros del Yasuní.

Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional, criticó que las cifras de ingresos económicos por concepto de extracción de crudo en el Yasuní se «mezclen» con la totalidad de operaciones en todo el país. «No entra tanto (dinero) se dice ni tampoco hay tanto petróleo como se dice», agregó. Cuestionó, además, que desde el Banco Central y Petroecuador no se haya manejado con total transparencia de las cifras económicas.

Aplicar una moratoria para el cese de las operaciones petroleras en el Bloque 43 ITT sería profundizar en el debilitamiento de la democracia en Ecuador, lamentó Ávila, pues, además, se estaría dando el mensaje de que los gobernantes no respetan la decisión del pueblo.

Asimismo, hizo hincapié en que dentro de las cifras económicas no se toma en cuenta el valor de la cultura de los pueblos aislados, y eso se constituye como un «fraude» perpetrado desde varias instancias, que pasan desde el gobierno hasta la estatal Petroecuador.

René Bedón, abogado especializado en Derecho Ambiental, recordó que la Corte Constitucional (CC) dio el plazo de un año para que se termine la explotación petrolera, para lo que deberá hacerse una aplicación del plan de manejo ambiental y un plan de cierre y abandono. En el caso ecuatoriano, no hay experiencia en el cierre de un bloque, sino solo de pozos.

Bedón compartió el criterio de que la voluntad popular ya fue expresada en las urnas el pasado 20 de agosto, cuando el 59% de los ecuatorianos votaron a favor de que permanezca indefinidamente el crudo bajo tierra en esa zona del país.

«La moratoria es imposible, porque tenemos una consulta popular; en derecho ambiental hay el principio de no regresión de derechos ambientales», explicó.

Finalmente, explicó que es fundamental que el Ecuador y el mundo sean parte de una transición energética que al momento no se está dando.

Adelantó que una opción sería plantear la pregunta en la consulta popular, para que la población decida sobre los pozos que se encuentran en ciertas zonas donde existe gran variedad de biodiversidad y poblaciones que podrían estar en riesgo de continuar la explotación petrolera.

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