En Notimundo al Día, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), reflexionó sobre las acusaciones que se han generado del lado del Ejecutivo y el Legislativo en Ecuador, respecto de supuestos beneficios económicos o políticos que se habrían ofrecido a cambio del apoyo para la Ley de Inversiones enviada por el presidente Guillermo Lasso y que finalmente no prosperó, siendo archivada por la Asamblea Nacional.
Para Espinel, en otro escenario donde se hubiese aprobado dicha Ley, probablemente no se hubieran conocido los nombres que Lasso hizo públicos en días pasados, de cinco miembros de la bancada de Pachakutik que habrían condicionado su voto. Pero el remezón político que vive el país va más allá de la actual coyuntura, pues Espinel aseguró que en el actual periodo legislativo no son solo 5 los que han sido investigados por actos irregulares o faltos de ética, sino que son 27 quienes han sido señalados en su momento.
Las negociaciones y consensos no están mal, explicó Espinel, pues es normal que se den entre bloques parlamentarios o también con otros poderes del Estado para tratar las agendas políticas de los involucrados. Pero lo que sucede en Ecuador es lo contrario. «En los últimos años hemos visto a Asambleas del reparto: de hospitales, cargos públicos, contratos con el Estado e incluso carnets de discapacidad», criticó.
@marceloespinel: “Sería darse un tiro al pie lanzarse a nuevas elecciones, pues no hay una organización política fuerte que sea aliada al Gobierno”
📻 #EnVivo por 98.1 FM ➡️ https://t.co/Crat2zIIb2 pic.twitter.com/hagpydhsiK
— NotiMundo (@notimundoec) March 29, 2022
Esto ha desembocado en la indignación y la desconfianza ciudadana, reflejadas en encuestas de aprobación de los últimos tres períodos. Cedatos, por ejemplo, informaba que el periodo legislativo 2013 – 2017 tenía una aceptación del 43%, mientras que la siguiente Asamblea alcanzó un 10,90. La actual, en cambio, en solo 10 meses bajó del 30% de aceptación con que inició a apenas el 10% en la actualidad, informó Espinel.
En cuanto a la posibilidad de llamar a muerte cruzada, Espinel aseguró que se debe analizar el panorama actual, pues se en ese caso se debería elegir nuevamente a 137 asambleístas de las mismas organizaciones políticas que existen. «No solo con cambiar de nombres dentro de la legislatura podremos encontrar soluciones a la falta de institucionalidad en el país», añadió.
En este sentido, recordó que para este período legislativo era obligatoria la presentación de la declaración de intereses y la agenda semanal de reuniones, a través de la página web de la Asamblea. «Ninguno de los 5 asambleístas denunciados por el Presidente han cumplido con la obligación», lamentó.
Finalmente, analizó la posición actual del Gobierno, asegurando de que es consciente que «sería darse un tiro al pie» llamar a elecciones para tratar de tener una mayoría parlamentaria, ni una organización política aliada. «Habrá que esperar el transcurrir de los meses para ver si se presenta nuevamente la alternativa, para adjuntar a las elecciones seccionales de 2023, junto con una consulta popular, para tratar de destrabar la ingobernabilidad», sentenció.
Escucha la entrevista completa:
