12 días de paro nacional han dejado, hasta el momento, cuatro víctimas mortales, decenas de policías, militares y manifestantes heridos, además de incuantificables pérdidas económicas y daños a la propiedad pública y privada. Desde diversos sectores se han planteado propuestas para que el Gobierno y la dirigencia indígena establezcan un diálogo que ponga fin a la tensa situación, pero hasta el momento no se puede avizorar la luz al final del túnel.

En Más Allá de los Hechos, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, expresó su descontento con la situación actual del país, pues pese a que el Régimen ha cedido en varias de las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aún no se divisa un fin cercano y pacífico a la jornada de movilizaciones que ha paralizado al país desde el 13 de junio de 2022.

El malestar es evidente, sobre todo con lo sucedido durante el día 11 de protestas, que ha sido considerado el más violento desde el inicio de las manifestaciones. Jiménez criticó que, incluso cumpliendo los pedidos de última hora de Leonidas Iza, máximo dirigente indígena, como la desmilitarización del parque El Arbolito y la autorización para ocupar el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para llevar a cabo sus asambleas, la violencia, el vandalismo y los cierres viales se mantuvieron en distintas zonas del país.

El ministro señaló que Iza traicionó la confianza depositada, pues su objetivo es tener secuestrado al Gobierno, «como lo han hecho antes y como pretenden hacerlo ahora». Cuestionó que la agenda de la dirigencia indígena es mantener sus «irracionales demandas», como son algunas que han sido calificadas de inviables, sin importar quién haya sido elegido democráticamente para dirigir al país.

Frente al anuncio de la bancada correísta de UNES, que este viernes 24 de junio inició la recolección de firmas para adelantar el proceso de elecciones, por grave crisis y conmoción interna, Jiménez respetó su derecho de hacerlo, pero aseguró que como Gobierno democrático defenderán la institucionalidad ante este ataque «prefabricado» desde sectores que ahora buscan sus propios intereses políticos.

«La Conaie, por conciencia o inconsciencia, está haciéndole juego a otras fuerzas políticas, que buscan plasmar sus intereses», acotó.

Jiménez adelantó que continuarán cediendo en los puntos que sean en beneficio de la mayoría de la población, pero se lo hará «sentados en una mesa, no en la calle, asustando a la gente». Además, afirmó que el Gobierno está consciente de que buscan destituir al Presidente Lasso, pero adelantó que actuarán con la ley en la mano.

Por su parte, Ramiro Rivera, analista político, calificó como una tragedia lo que ocurre actualmente en el país, aunque recordó que estos hechos han sido recurrentes en la historia republicana. Precisó que el problema de fondo es el diseño del sistema constitucional, además del «desmantelamiento» de la fuerza pública durante 10 años de gobierno de Rafael Correa, pues se buscó destruir su institucionalidad para brindar facilidades al narcotráfico y la delincuencia organizada.

«El señor (Leonidas) Iza no está solo, sino que está acompañado de su intransigencia y de su fanatismo», apuntó el experto, y consideró que lo que el país atraviesa es una guerra anunciada, frente a los numerosos «errores» del Gobierno, especialmente porque no puede ser viable un Régimen que no ha cultivado una base social de apoyo. Además, explicó que lo que busca Iza es destituir al Presidente de la República, y que ya habría diálogos para ver «cómo se reparten la torta».

Rivera detalló que ni siquiera en la guerra se registran tan brutales ataques a la fuerza militar, así como la contaminación de fuentes de agua potable, por lo que quedaría claro que lo que se busca es atemorizar a la población y hacerse del poder a como dé lugar. Además, compartió el criterio de que Correa estaría detrás de todo el conflicto, pues días atrás expresó a través de sus redes sociales que se debería de llamar a nuevas elecciones.

De su lado, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, señaló que la tregua que se propuso desde la Iglesia Católica y más de 300 organizaciones de la sociedad civil fue enviada al Gobierno y a la dirigencia indígena, con el fin de que se establezca una comunicación directa y se pueda solucionar el conflicto de manera pacífica y eficaz.

Cabrera lamentó que, hasta ahora, no ha existido una respuesta a la propuesta de tregua, por lo que el panorama sigue siendo incierto. «La sociedad civil debe levantar su voz a todos los poderes del Estado, para defender la democracia», apuntó. Hizo nuevamente un llamado a la coherencia, pues el llamado al diálogo desde el Gobierno se ha dado, pero no se han llevado a cabo acciones reales para concretarlo.

Asimismo, rechazó la negativa de la dirigencia indígena para reunirse con el Ejecutivo para brindar propuestas y soluciones. «¿Qué quieren detrás de eso? Que lo digan», exclamó.

Finalmente, Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari, precisó que la única agenda de estas movilizaciones es que el Primer Mandatario atienda los pedidos propuestos, y no una posible destitución como se ha denunciado desde otros sectores. Destacó que a algunos de los infiltrados se ha aplicado justicia indígena, y que oportunamente se informará a la opinión pública de quienes se trata.

Sucuzhañay expresó que cuando los resultados anhelados no han llegado, el reclamo en las calles se legitima. Además, insistió en que lo que se busca es beneficiar a la gran mayoría de ecuatorianos, y recordó que al momento la decisión de poner un fin a la convulsión social está en manos de Lasso.

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