La solicitud de Paola Pabón, militante de la Revolución Ciudadana, se dio hoy, miércoles 18 de septiembre, después de que la Asamblea aprobara el martes con 79 votos la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Para ello, invocó a la cláusula cuarta de la Escritura de Donación de los terrenos situados en el sector de la Mitad del Mundo, en Quito, en donde el anterior Gobierno construyó el edificio, avaluado en USD 40 millones, para la sede de ese organismo.
Allí se estipula que “en el caso de que la Cancillería no destine el inmueble que recibe en donación, en la construcción y puesta en funcionamiento de la sede administrativa y del centro cultural de la Secretaría General de la Unasur, se revertirá su dominio a favor del Consejo Provincial de Pichincha”.
La Escritura reposa en la Notaría Trigésimo Primera de la Capital y fue suscrita por la Cancillería y la Prefectura de Pichincha, el 25 de febrero de 2010, durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
Por parte de la Cancillería todavía no hay un pronunciamiento al respecto, sin embargo, este fue uno de los principales puntos del debate que se generó en la Asamblea por la salida de Unasur.
De la discusión en el Pleno, no participó ningún asambleísta del movimiento de gobierno Alianza País. Solo intervino la socialista Silvia Salgado, una de sus aliadas, quien votó en contra y sostuvo que esto no formaba parte del Plan de Gobierno de Lenín Moreno.
A la denuncia del tratado se opuso el bloque del correísmo en el Legislativo, pero no tuvo fuerza para lograr impedir que esto se concrete con los votos de AP, Creo, el PSC y asambleístas independientes.
“Si es que violentando cualquier acuerdo de entrega del edificio de Unasur se intenta retirar el edificio, lo que nos corresponderá es pedirle a la Prefecta de Pichincha que cuide el edificio hasta el año 2021 (de elecciones generales), en donde volveremos a ingresar a la Unasur”, dijo Augusto Espinosa, uno de ellos.
De los 12 países que conformaban Unasur, actualmente solo permanecen Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam. Sus principales financistas: Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, han suspendido su participación en ese grupo.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
