Las operaciones conjuntas entre la Policía y Fuerzas Armadas van dando los primeros resultados, pero se requiere una política pública definida, el presupuesto necesario, la articulación de los poderes del Estado y un control eficiente a las fuerzas del orden para obtener los resultados esperados. Así lo explicó Luis Altamirano, excomandante del Ejército, en Notimundo al Día.

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En Notimundo al Día, Luis Altamirano, excomandante del Ejército ecuatoriano, explicó que se debe ampliar la perspectiva que se tiene sobre la batalla que están librando las fuerzas del orden contra la inseguridad en el país.

En este sentido, precisó que las bandas criminales que operan en Ecuador utilizan el terror para cumplir sus objetivos, que casi siempre giran en torno de recursos materiales y económicos. Contra ellas, indicó, es necesaria la participación activa el Ministerio del Interior, por medio de la Policía Nacional, que tienen fortaleza en el eje preventivo y de inteligencia.

En el caso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) su participación debe enmarcarse dentro de las competencias establecidas en la Constitución. Para Altamirano, la suscripción del Decreto 730, que contempla su colaboración a las labores de la Policía, dan muestra de una voluntad política para generar los cambios que se requieren en esta materia, pero insistió en la necesidad de realizar un trabajo integral con todos los poderes del Estado y en fortalecer la institucionalidad.

Asimismo, señaló que en las reformas aplicadas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado se contempla el accionar de las FF.AA. en aquellas zonas donde exista presencia o actividad de las organizaciones criminales transnacionales, lo que a su criterio podría representar una serie de riesgos. Altamirano aseveró que en el Decreto 730, por ejemplo, no se establecen límites y responsabilidad que tiene el Ejército nacional.

Destacó que algunas medidas adoptadas en este campo son importantes, pero es indispensable que se articulen todos los esfuerzos para tener una mayor efectividad en los resultados que se buscan. «Podría generarse una sensación de que se está haciendo algo, pero se debe fortalecer a la Policía y las FF.AA. para evitar precisamente los procesos de debilitamiento institucional», apuntó.

A mediano y largo plazo, agregó, se debería trabajar para que la Policía Judicial ya no dependa de la Fiscalía y goce de independencia, para garantizar los contrapesos.

En este punto insistió en la necesidad de que las fuerzas del orden estén siempre sujetas a procesos de control político, para garantizar la transparencia en sus actividades. «Las capacidades de inteligencia del Estado deben ser compartidas entre las diferentes instituciones, porque podemos estar generando una gran esperanza, pero también podemos estar a un paso de generar una gran desilusión», manifestó.

Finalmente, detalló que para sostener una política pública se deben tomar en cuenta factores como el presupuesto para los proyectos y estrategias de las instituciones. Esto tanto por parte del Estado y de las distintas entidades, para que se ejecuten los montos destinados y se garantice la seguridad de la población y de los servidores de la fuerza pública.

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