A puertas de que se defina el futuro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, la oposición se siente segura de contar con los votos para llevar adelante el proceso, mientras que desde el Gobierno se denuncia la ilegalidad de la convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea. En Notimundo al Día, Mario Cuvi, viceministro de Gobernabilidad, insistió en que durante los cerca de 5 meses que lleva el trámite, no se ha demostrado ninguna responsabilidad del Mandatario en el supuesto delito de peculado.

Créditos: Twitter Presidencia

En Notimundo al Día, el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, lamentó que la Legislatura se haya enfrascado en el proceso de juicio político que se sigue en contra del primer mandatario, por presunto peculado, sin haber presentado hasta el momento una prueba que demuestre la responsabilidad política del Jefe de Estado en la suscripción del contrato entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker Pool.

A su criterio, la oposición está buscando, «por la fuerza de los votos», llevar a cabo su cometido, que respondería a intereses particulares. Esto se ha evidenciado a lo largo de este proceso, donde en la fase de presentación y en la evacuación de pruebas, no se pudo vincular al presidente Lasso con el delito de peculado que se lo acusa, afirmó el funcionario.

Además, criticó que se haya hecho una convocatoria al Pleno de la Asamblea, por parte del presidente Virgilio Saquicela, sin que siquiera se haya aprobado el informe de la Comisión de Fiscalización, que proponía no continuar con la causa. «Ese informe sirve como base para el proceso de votación de juicio político, según el dictamen de la Corte Constitucional», apunó Cuvi.

Por ello, cuestionó que si durante la sesión de este martes se llega a contar con los 70 votos requeridos para continuar con el trámite, no existiría un sustento para que se lleve a cabo una votación.

Afirmó que el juicio político a Lasso ha estado lleno de errores e irregularidades, y esto se profundiza con la sesión de este 09 de mayo, que no está contemplada en el procedimiento porque no se ha demostrado la comisión del presunto delito por parte del Primer Mandatario.

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