Uno de los cabecillas de la banda delictiva “Los Choneros”, Junior Roldán, alias “JR”, fue asesinado en territorio colombiano el pasado 6 de mayo. El hecho fue confirmado por el ministro de Interior, Juan Zapata y el comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas.

Créditos: Archivo / El Universo

Juan Zapata informó que el cuerpo de “JR”, se encontró en una zona rural en una zona boscosa en el sector Vereda El Mango, en Antioquia, Colombia. Las autoridades ecuatorianas indicaron que tras el hecho, se activó el bloque de búsqueda de Interpol y el Ecuador, quien remitió a la Fiscalía de Colombia las fichas de identificación que permitieron corroborar, a través de una pericia técnica, la identidad de Junior Roldán. 

Para el experto en seguridad, Jean Paul Pinto, es poco probable que, tras el fallecimiento, se desarrollen desmanes en las cárceles del país. Todo indicaría a que la misma banda delictiva sería la responsable del hecho, señaló en Notimundo Estelar.

 

Asimismo, el comandante Salinas informó en una rueda de prensa que no se trataría de una acción entre grupos delincuenciales rivales y que se estaban verificando los alcances del atentado para obtener información del autor. 

Roldán comandaba la banda de “Los Águilas”, la cual formaba parte de Los Choneros. Asimismo, estuvo 13 años en la cárcel por siete delitos, tres de ellos por asesinato. Sin embargo, el pasado 14 de febrero de 2023 fue liberado al acceder a un hábeas corpus con una medida de prelibertad. Anteriormente había sufrido un atentado el 16 de marzo de 2023 de la agrupación criminal “Los Lobos”, cerca del Distrito de Policía de El Triunfo, en Guayas. Tras este hecho, “JR” había sido declarado prófugo de la justicia al haberse retirado el grillete electrónico que permitía rastrearlo desde su salida de la cárcel.

Decreto 730

El pasado 3 de mayo, el Gobierno nacional decretó que las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, establezca estrategias operativas para “reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición”.

El experto enfatizó en que es importante que la Fiscalía General del Estado tipifique detalladamente la definición de un acto terrorista. La posibilidad de que haya interpretaciones puede desembocar en uso excesivo del decreto. “Medios de comunicación, grupos y activistas políticos podrían ser catalogados como que están haciendo actos terroristas contra el Estado”, puntualizó Pinto. 

Asimismo, añadió que, si bien la Policía Nacional no tiene los recursos para combatir a los grupos criminales, lo ideal sería que siga ejerciendo su rectoría en la seguridad pública con el apoyo de equipos tácticos de las Fuerzas Armadas cuando se demuestra que la banda delincuencial que se está combatiendo, es terrorista. Lo contrario ocurriría si las Fuerzas Armadas llegaran a desplazar este rol.

Pinto explicó que se deberá limitar al máximo los daños colaterales cuando las Fuerzas Armadas entren en operaciones, es decir, que se perjudiquen a ciudadanos que no forman parte de las bandas delictivas. “Por eso ellos se están tratando de blindar en el artículo 3 para que sus funcionarios no entren en contacto con otros presos y sean victimados”, esto a pesar de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), no está en la competencia de hacer eso, detalló el experto. 

Asimismo, Jean Paul Pinto expresó que se necesita de una política integral que vaya más allá de neutralizar a los grupos criminales. Debe haber un enfoque a una reintegración a la sociedad a través de ofertas educativas o emprendedoras. “Ellos no tienen nada que perder”, finalizó. 

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