Tras la renuncia del vocal Xavier Muñoz, detenido por obstrucción a la justicia, su suplente, Solanda Goyes, enfatizó que es necesario establecer una agenda que viabilice los cambios en el sistema judicial y así devolver la confianza ciudadana, donde al momento el 92 % no confía en la justicia, según la encuestadora Market.
El primer paso -señaló- es una depuración a la interna del CJ, pues en los últimos 7 años no se ha hecho una evaluación a los operadores de justicia, cuando la Constitución establece que este proceso debe hacérselo de forma periódica. Adelantó que apenas sea principalizada en el cargo, planteará por escrito ante el Pleno que se ejecute una evaluación distinta a las que se han realizado anteriormente.
Goyes recordó que en las evaluaciones se revisaban 2 sentencias en un período de 3 años de labores de un juez, sin embargo, existen magistrados que tienen hasta 500 dentro de un año. El planteamiento, que espera que sea aprobado por el cuerpo colegiado, es que se haga una evaluación integral, para que se utilicen herramientas para analizar un universo más amplio del trabajo del operador de justicia.
Asimismo, Goyes propone que se añada el componente de la probidad, algo que no ha sido tomado en cuenta en anteriores ocasiones. Esto se lo haría analizando los patrimonios, para determinar si coinciden con los ingresos percibidos durante su etapa en funciones. No obstante, reconoció que el tiempo no será suficiente para evaluar a los más de 17.000 funcionarios que componen la función judicial, pues el actual Consejo estará en funciones hasta 2025. Por ello afirmó que el proceso deberá ser focalizado y por prioridad.
Concurso para designación de jueces
Goyes manifestó su preocupación en cuanto al reglamento emitido por la Judicatura para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, pues no se estaría tomando en cuenta la probidad y «repite en gran parte» el realizado durante la administración del expresidente Wilman Terán, ahora detenido por el caso Metástasis.
Anunció que conformará equipos de trabajo para analizar el reglamento establecido y, en caso de ser necesario, planteará un proyecto de reforma. Añadió que el concurso no puede tardar 8 meses, como se lo ha explicado de parte de algunos vocales. «Debe ser más ágil y menos burocrático», sostuvo, haciendo énfasis en que el concurso debería tardar entre 4 y 5 meses.
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