La creciente ola de inseguridad en el país mantiene vivo el debate sobre la factibilidad de medidas como el porte de armas y el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores de la Policía Nacional. En Notimundo al Día, Stalin Sacoto, experto en seguridad, recordó que para que se verifique la legítima defensa de la ciudadanía deberán cumplirse ciertos pasos y requisitos. Además, hizo un llamado para que la Justicia cumpla su trabajo.

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En Notimundo al Día, el experto en seguridad, Stalin Sacoto, recordó que la medida anunciada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en días pasados, no avala el libre porte de armas, sino que se deben cumplir ciertos requisitos para su uso en defensa propia.

Criticó que desde los diversos sectores que se han manifestado en contra de la medida no haya existido un pronunciamiento previo frente a la violencia y delincuencia que azota a varias zonas del país, como en los atentados terroristas registrados en noviembre de 2022.

Explicó también que el área de seguridad se divide en dos ramas: dirigida e integral. La primera, dijo, corresponde a un grupo de personas o un ente que garantice el orden público, pero el cual quedó obsoleto desde los años 70, pues durante los últimos 50 años se ha abarcado la necesidad de atender esta materia de forma integral, con la participación activa de los distintos niveles sociales y poderes del Estado.

Además, reconoció que es «imposible que exista un policía para cada ciudadano o para cada requerimiento de auxilio», por lo que se hace necesario que se verifique el cumplimiento de requisitos para quienes buscan defender su vida y patrimonio. «¿Por qué negarles ese derecho?», cuestionó.

Insistió en que no se habla de un libre porte de armas, sino que se deberá cumplir una serie de pasos, detallados por el Ministerio de Defensa, para poder adquirir un arma de fuego. Precisó, además, que el arma podrá ser usada únicamente en el escenario donde se cumplan las tres características de la legítima defensa: Que la agresión sea actual e ilegítima; falta de provocación de parte de quien se defiende; y, que exista la racionalidad del medio empleado.

Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura para que cumplan la ley y no permitan que los delincuentes «sigan paseándose y continúen a sus anchas amenazando a sus víctimas».

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