Los magistrados también señalaron que el ciudadano deberá pagar 5.000 dólares como parte de la reparación integral a la víctima. En la sentencia condenatoria se contempla, además, el tratamiento psicológico para la agraviada.
En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Fanny Onofre demostró la materialidad de la infracción, con base en las pruebas documentales, testimoniales y periciales.
Entre los más importantes medios probatorios constan el testimonio anticipado rendido por la agraviada, quien reconoció al procesado como la persona que la violó. Además, en su relato concordante señaló: “él se cree mi dueño” y agregó que mantuvo una relación con el procesado, que duro un mes, hace tres años.
Asimismo, se expuso ante el Tribunal el testimonio del médico legista, quien manifestó que, tras la revisión física a la víctima, se encontraron varias lesiones traumáticas contusas en la cabeza, cuello y miembros superiores.
El testimonio de la perito que practicó la experticia de entorno social, concluyó que la mujer presenta factores de vulnerabilidad. A estos se suman, los informes del examen físico y de reconocimiento del lugar de los hechos.
Contexto
Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2021. La víctima se encontrada en su domicilio, ubicado en el barrio Bellavista, en San Miguel de Los Bancos, cuando el ahora sentenciado –quien llevaba un cuchillo– ingresó hasta el inmueble y con amenazas e intimidación la obligó a salir y la trasladó hasta su casa, donde la mantuvo encerrada. Allí la agredió física, y sexualmente.
Dos días después, la mujer –que presentaba un edema en su ojo izquierdo– logró escapar y avisar a la Policía.
Los trabajos de investigación permitieron dar con el paradero del victimario, quien –al notar la presencia policial– salió corriendo y amenazó con un machete a uno de los agentes. Sin embargo, fue aprehendido en una quebrada cerca del sector de Bellavista.
Información jurídica
Fiscalía acusó a Víctor Ramón S. como autor del delito de violación, tipificado en el artículo 171, inciso primero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años.
La sentencia se incrementó en un tercio, debido a la aplicación de las agravantes establecidas en el artículo 48, numeral 9: conocer a la víctima con anterioridad a la infracción.
