Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, recordó que el 2021 fue el año más violento para las mujeres, con 186 femicidios registrados, que se transforman en 197 niños y adolescentes que quedaron en la orfandad. Aseguró que el sistema tiene grandes falencias en el tratamiento de temas de género e implementación de políticas públicas que velen por sus derechos.

En Notimundo al Día, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, manifestó que el 8 de marzo, más allá de merecer celebraciones o incluso fines comerciales, es una fecha para reivindicar sus derechos y recordar al Estado las deudas que aún mantiene con las mujeres.

Martínez lamentó que durante la pandemia del Covid-19 se hayan profundizado las desigualdades de género, para seguir registrando, por ejemplo, índices de desempleo más altos que en los hombres. Además, la violencia que sufren sigue latente. También resaltó que otro campo de desigualdad es en el campo digital, que no permite a las mujeres encontrar un trabajo adecuado en las áreas que se desenvuelven.

«Vemos con mucha preocupación esta falta de enfoque de género en las políticas públicas y falta de voluntad del Gobierno, que además legisla sobre la base de prejuicios», dijo Martínez, como en el caso de la Ley de Aborto en Casos de Violación.

Para Martínez, no ha habido avances hacia la igualdad de género, e incluso vivimos un retroceso de 10 años de derechos durante el primer año de pandemia. La razón, explicó, es no tener políticas públicas con enfoque de género.

De igual forma, lamentó que en algunos casos de femicidios se dilaten los procesos por este «espíritu de cuerpo» que asegura hay dentro de las instituciones. «No están capacitados para tratar temas con enfoque de género y se cometen errores, pero esos errores también se convierten en impunidad y corrupción», enfatizó.