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Cientos de taxistas se encuentran la mañana de este jueves 4 de octubre, a la espera de una respuesta por parte de los delegados del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que se reunieron con representantes de la Federación de Taxistas de Pichincha.

El Telégrafo

Fernando Cadena, secretario General de dicho gremio, cuestionó la falta de control por parte de las autoridades. Dijo que las aplicaciones móviles Uber y Cabify están quitando el trabajo de los conductores que cumplen con las normas de operación, al contrario de esos servicios informales.

“Cumplimos con todas las normas como son las licencias de conducir, los chequeos periódicos anuales y las exigencias del SRI. Aún así, esas plataformas dan el servicio de forma ilegal”.

Los conductores dicen que existe competencia desleal puesto que estas empresas bajan las tarifas y no ofrecen servicio en vehículos homologados. En la actualidad hay 16 mil taxistas, de los cuales 9 mil pertenecen a la Federación de Pichincha.

Los delegados exigen al SRI que se anule el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Cabify para que no puedan facturar porque tiene el RUC para servicios informáticos que no tiene nada que ver con la razón social.

Cadena dijo que -lamentablemente- UBER no tiene RUC ni oficinas por lo que se esperan otras medidas.

De acuerdo a reporte de los agremiados, la presencia de esas aplicaciones perjudicaría al menos en un 50% en las ganancias de los choferes.

Ese criterio fue compartido por Patricio Salazar, vicepresidente de la Unión de Taxis de Pichincha.

El dirigente recordó que en este momento se está pasando por una regulación de unidades. De los 16 mil taxistas, la cifra subiría a 24 mil nuevas unidades.

De ahí que rechazan la presencia de carros particulares que laboran de forma ilegal. “La autoridad competente nos hace control de servicios, mientras que los otros carros no cumplen con las normas” , expresó.

El dirigente señaló que el gremio está trabajando por mejorar el servicio. Dijo que ahora se está trabajando para contar con una propia aplicación para seguridad del cliente.

Añadió que los conductores han adquirido nuevas unidades para pasar los controles, mientras que no se inspeccionan a las unidades irregulares.

Este problema, dijo, no solo afecta a los choferes sino a los empleados de las cooperativas legalmente constituidas por lo que se hablaría de al menos 20 mil familias.

Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK