Pese a que el paro nacional culminó, la agridulce victoria del movimiento indígena deja grandes lecciones para el Gobierno Nacional y una sociedad que no puede profundizar la polarización social. Lo que viene en adelante dependerá del cumplimiento de los compromisos acordados, con lo que el Régimen y la Conaie deberán analizar los cambios necesarios que garanticen la paz de Ecuador.

En Más Allá de los Hechos, Hatari Sarango, vicepresidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), destacó los resultados de los 18 días de movilizaciones, que iniciaron el 13 de junio para exigir al Gobierno medidas que consideraban urgentes para aliviar la situación de miles de ecuatorianos, como el precio de los combustibles, la condonación de deudas, la reformatoria del decreto 151 referente a la minería, la declaratoria de emergencia en el sistema de Salud, entre otras.

Sarango señaló que otra de las luchas expresadas en las movilizaciones fue el combate a la desnutrición infantil, donde se hizo un llamado al Gobierno para que garantice políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los niños, especialmente en las zonas rurales del país. En este sentido, sostuvo que este fue el inicio de muchas cosas que quedan por hacer, pues reconoce que con los 10 puntos expresados en la agenda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no se podrán cambiar los problemas estructurales que tiene el país.

No obstante, reconoció los avances que se lograron gracias a las tres semanas de paralización, y adelantó que una vez transcurridos los 90 días que se establecieron como plazo para la evaluación de los resultados, se sentarán en las mesas técnicas para avanzar en los 10 puntos de la agenda de lucha de la Conaie que quedaron pendientes, como la seguridad y la regulación de precios del mercado.

Por su parte, Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Ecuador, se refirió a las dificultades que se presentaron durante la cobertura periodística de las movilizaciones, donde más de 179 trabajadores de la comunicación fueron agredidos, según datos de Fundamedios. Lamentó que la intimidación y el amedrentamiento fueron una constante en la jornada de protestas, pese a que sin la prensa sería más complicado que la sociedad y el mismo Gobierno conozcan las demandas de los manifestantes.

Frente a esto, Cañizares reconoció que es necesario que la cobertura periodística se enfoque en temas que van más allá de la política y la economía, pues existen distintas problemáticas en el país, que también merecen ser visibilizadas. «Esto debería ser cotidiano en los medios de comunicación, que no falten este tipo de temas y necesidades», refirió. Asimismo, sostuvo que es necesario el acceso a las fuentes de información para el campo, para que las comunidades de las zonas que están alejadas de las grandes ciudades puedan conocer los hechos que la prensa da a conocer.

También calificó de «insólito» que los periodistas deban seguir realizando las coberturas de las manifestaciones usando un casco y chaleco antibalas, cuando las protestas deberían ser llevadas a cabo de forma pacífica de parte de la ciudadanía, y de forma responsable por parte de los medios.

En cuanto al ámbito político, Gustavo Larrea, exministro de Gobierno, consideró que la negociación entre el Ejecutivo y el movimiento indígena implica compromisos de ambas partes, además de que se dejó en evidencia el costo que tuvo que pagar el Gobierno al no tener una política de tender puentes con los sectores sociales, específicamente con el pueblo indígena. «En los últimos 20 años, el Estado ecuatoriano no ha tenido políticas claras en relación a ese sector, que no solo tiene un problema económico, sino social», apuntó.

Esta exclusión histórica fue uno de los principales hechos que motivaron las movilizaciones, explicó Larrea, donde también se presentan problemas en el sistema educativo, debido a medidas como el cierre de escuelas comunitarias hace más de 10 años. «Es necesario fortalecer un sistema de educación en la sierra ecuatoriana y el sistema de salud pública», resaltó.

Explicó que los problemas de la urgencia por sobrevivir hicieron que la agenda de pedidos al gobierno responda a un momento coyuntural, y no una agenda que supere el problema estructural. Recordó también que esto fue aprovechado por grupos que buscan desestabilizar la institucionalidad democrática. Por ello, enfatizó en que el Gobierno “está obligado a cambiar”, y retomar su plan del “Ecuador del encuentro”, con un verdadero acercamiento a los distintos sectores sociales.

Finalmente, Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), compartió esta visión, afirmando que la intromisión del correísmo en las manifestaciones buscaba aprovechar la «debilidad» de la dirigencia indígena, «que es más bien muy dogmática», así como la tibieza del Gobierno, al que consideró el único responsable de haber llegado hasta las tres semanas de paralización nacional. «Desde el día en que se posesionó (Guillermo Lasso) cerró las puertas y no escuchó a nadie, y comenzó a incumplir las ofertas de campaña», criticó.

Ante el voto negativo de la bancada del PSC durante la sesión que buscaba destituir al Jefe de Estado, Serrano aseguró que esto no se debió a querer «salvar» a Lasso, sino que se buscó defender al país y la democracia. «Creemos que el Presidente debe terminar su mandato y entender que este empujón, que una vez más le da el PSC, se lo está dando al pueblo ecuatoriano», expresó. Además, lamentó que el Lasso es un hombre confrontador, que «no se deja ayudar».

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