La estrategia de seguridad en el país no se verá afectada tras la renuncia de Paco Moncayo a su cargo de consejero presidencial en esta área, ya que se han delimitado los pasos a seguir en la lucha contra la delincuencia común y organizada. Así lo afirmó el General en servicio pasivo, Wagner Bravo, en NotiMundo al Día.

Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Foto: NotiMundo.

Bravo recordó la importancia de que se tenga en cuenta que el crimen organizado en Ecuador tuvo alrededor de 20 años para estructurarse y fortalecerse, a través del apoyo económico y tecnológico de los carteles internacionales del narcotráfico. No obstante, destacó que «se están dando los pasos» para revertir la creciente violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Uno de esos pasos es la graduación de 6.000 nuevos policías, que se incorporaron a zonas conflictivas donde se registran mayores índices de violencia. Además, está en vigencia el reglamento del Uso Legítimo de la Fuerza, con el que la Policía Nacional ha logrado abatir a 41 delincuentes empleando sus armas de dotación.

Estas acciones dan cuenta del esfuerzo que se hace desde el Gobierno para luchar contra los criminales, dijo Bravo, pero insistió en que este es un proceso que puede tomar algún tiempo en presentar grandes resultados, y que «no se puede pensar que Ecuador se pacificó de la noche a la mañana».

Por otro lado, reconoció que existen trabas burocráticas que complican la efectividad en esta tarea contra la inseguridad. Una de ellas es la cantidad de normas y reglamentos que se deben cumplir para la adquisición de armamento, municiones, chalecos antibalas y equipos tecnológicos para la Policía y Fuerzas Armadas.

Pese a que el presidente Guillermo Lasso dio prioridad para esta área, dijo Bravo, los procesos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) tardan demasiado. «Estamos tomando las acciones para dejar el sistema de seguridad pública del Estado bien consolidado», agregó.

Según el Secretario, el índice de muertes violentas es de 17.9%, lo que estaría ligado al intento de «anarquizar» el país durante los primeros cuatro meses de 2023, donde se buscaba llevar a juicio político al presidente Lasso. Sin embargo, afirmó que ahora las estadísticas muestran que los asesinatos van decreciendo, lo que se evidencia en provincias como Esmeraldas, que de ser una de las provincias más violentas del país ahora ocupe el sexto lugar.

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