La Unidad de Garantías Penales de Quitumbe, en Quito, aceptó la petición de medidas cautelares realizada por el asambleístas Fabricio Villamar, quien es señalado por haber obtenido beneficios tributarios de un poco más de $ 20.000 al importar un vehículo usando un carné de discapacidad con inconsistencias.

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La resolución judicial dispuso como medida cautelar única que el presidente de la Asamblea, César Litardo, se abstenga de coordinar el trámite respecto del informe del Comité de Ética, que estaba previsto tratarlo mañana en el pleno.

“Dada la naturaleza de la presente acción, la misma es de efecto inmediato. Finalmente se advierte a los accionados que, el incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales constitucionales conforme al artículo 30”, señala la resolución judicial.

El legislador ya había solicitado medidas cautelares, pero el pasado viernes el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se las negó y este domingo una Unidad de Garantías Penales le dio la razón.

Villamar es acusado de beneficiarse por más de $ 20.000 al importar un automotor usando un carné de discapacidad con inconsistencias.

Según Villamar, se trataría de una venganza. “Este proceso es una venganza de Alianza PAIS y Revolución Ciudadana por las denuncias de varios Legisladores en el denominado caso diezmos y las destituciones de la asambleísta Norma vallejo; Carlos Ochoa, exsuperintendente de la Información y Comunicación; José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; por presentar la Ley de Extinción de Dominio o por ser el único asambleísta que inició una acción contra Yaku Pérez, exprefecto del Azuay, por la toma de la Asamblea en octubre de 2019″, señaló.

El asambleísta indicó que había presentado al Comité de Ética las certificaciones del Servicio Nacional de Aduanas y que no ha incumplido las normas.

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