En Notimundo al Día, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, informó que desde esa cartera de Estado se tiene convenios con 625 fundaciones a nivel nacional enfocadas en grupos vulnerables y que a todas se las atiende con la importancia requerida, entre las que se encuentra la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, la cual aseguró que el MIES mantiene una deuda de USD 54.000 por concepto de prestación de servicios durante 2021.
Bernal explicó que el objetivo de vincularse con estas fundaciones es ampliar el espectro de la participación del sector público. Por ejemplo, si se tiene la capacidad para atender a 70 niños, un acuerdo como un cooperante público como un GAD cantonal o provincial permite aumentar el número de beneficiarios. En estos convenios, añadió Bernal, se destinan USD 234 millones por año.
En el caso particular de la Jóvenes Contra el Cáncer, que cerró su call center 1800-Cáncer, por «falta de apoyo del Gobierno», Bernal señaló que, aunque le apenó la situación, esto «no pasa por buenas voluntades o decisiones políticas», pues la razón de ser de dicha Fundación debería estar vinculada a Salud y no a Inclusión, como en la actualidad. Así lo concluyó una auditoria interna.
@EstebanBernalB: «Se suscribió una carta de intención con @jcontraelcancer para que se pueda usar la mediación para cancelar los servicios de 2021, pero esa mediación la lleva adelante la @PGEcuador«
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— NotiMundo (@notimundoec) May 10, 2022
Bernal explicó que se suscribió un acta con Gustavo Dávila, director de la Fundación, el pasado 23 de febrero, donde se explicó que la mediación no depende del Ministerio que preside. De forma consensuada, en el documento se acordó que se procederá a firmar un convenio, desde julio hasta diciembre de 2022, una vez que se ha concluido el cambio de la nueva modalidad de apoyo familiar. «Cuánta voluntad hemos puesto, que se cambió la norma técnica para poder viabilizar a una Fundación», apuntó. Afirmó que una nueva relación contractual iniciaría en julio, como cita el documento.
La mediación para el pago por los servicios prestados está a cargo de la Procuraduría General del Estado, que tarda aproximadamente 4 meses.
«No se puede suscribir un pago sobre la base de emociones», explicó el ministro, sino que se debe regir a la norma. “Pusimos la casa en orden y eso nos permitirá fortalecer y enfocar nuestros esfuerzos en los sistemas de educación, de salud, lucha contra la desnutrición crónica infantil y todos los programas sociales para atender las necesidades», puntualizó.
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