En Notimundo al Día, Roberto Hidalgo, alcalde de Mejía, manifestó su preocupación ante el conflicto que existe en el bosque Santa Catalina, ubicado en ese cantón, donde 209 hectáreas fueron vendidas por Inmobiliar, en 2020, a la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional Ayllupura. Esta no sería la primera vez que la cartera de Estado comete este tipo de acciones, pues en 2018 se subastó una parte del terreno, con lo que se cambió el uso de suelo, que era destinado a la agricultura y conservación, para considerarse de expansión urbana.
Recordó que esa zona fue declarada de conservación y protección en 2011, y ratificada en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2021. Por ello, denunció que el proceso de subasta generado en diciembre de 2020 por parte de Inmobiliar fue «engañoso», pues en él se establece que el predio es «altamente urbanizable» y que podía ser utilizado para distintos fines. Según Hidalgo, este proceso fue direccionado, pues se lo hizo en Guayaquil y solo hubo un oferente.
Asimismo, denunció que la asociación «Ayllupura» está conformada por 17 personas, de las cuales 14 tienen el apellido Talahua. De ellos, su representante legal, Gilberto Talahua, es un dirigente indígena «y fue funcionario de Rafael Correa y Lenín Moreno». «En este momento está ya asentada gente muy violenta, que incluso han disparado a ciudadanos que evitamos acciones como la tala de árboles», apuntó.
Hidalgo aseguró que quienes están posesionados han construido barricadas para no permitir el acceso de personas ajenas al lugar. Recordó que Inmobiliar actuó de forma irregular, pues no es de su competencia la generación de actas de posesión, sino de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Lamentó, además, que esa cartera de Estado «aún no dé la cara» por cerca de dos años sobre esta situación.
Por otro lado, el Alcalde indicó que previamente presentó una acción de protección para evitar la urbanización de esta zona, pero que hasta el momento no existe una resolución favorable. Afirmó que la Organización tiene el objetivo de lotizar el terreno con fines turísticos, «lo cual es totalmente falso». No obstante, consideró que puede haber motivaciones ocultas detrás de este proceso, pues no han tenido apoyo de jueces, fiscales, ni de la fuerza pública.
Reconoció que al inicio del mandato del presidente Guillermo Lasso hubo una cierta apertura para abordar el tema, pero posteriormente les indicaron desde Inmobiliar y del Ministerio del Ambiente que el objetivo pasa por el tema económico, pues «el Presidente tiene la disposición de captar dinero, en base a la venta de diferentes predios».
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