Gómez asegura que sí existen políticas de estado y leyes que castigan la violencia y al violador. Sin embargo, el mismo gobierno vulnera sistemáticamente estas mismas leyes y derechos, impidiendo que existan cambios reales en las tasas de agresión sexual del país.
La activista por la justicia femenina, también se refirió a la justicia ecuatoriana como misógina y cómplice de los agresores.
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