En Decisiones con Jorge Ortiz, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, explicó que el decreto 730 suscrito por el presidente Guillermo Lasso, para la lucha contra el terrorismo, presenta algunas falencias, pues el eje principal gira en torno a la seguridad e integridad territorial y se deja de lado el lado al ser humano.
Además, aseguró que la estrategia de la medida es únicamente de defensa y no abarca una visión integral de seguridad, lo que daría paso a que se cometan abusos por parte de las fuerzas del orden. «No podemos deshumanizarnos, tenemos que hacerlo bajo los principios de legalidad; buscar la pacificación, pero en democracia», apuntó.
Así mismo, indicó que un primer paso necesario es la creación de estructuras de inteligencia y contrainteligencia que permitan resolver los tres problemas fundamentales en la ola de inseguridad que afronta el Ecuador: la «ingobernabilidad planificada», que busca el desequilibrio de los poderes del Estado y de la economía criminal; una «impunidad solapada», con una justicia «selectiva» que no marca precedentes en cuanto a sentencias; y, la falta de planificación, que debe ser obligatoria en la construcción de una política de seguridad nacional.
Por otra parte, indicó que se deben brindar las garantías legales a la Policía y las Fuerzas Armadas, para que puedan anticipar las amenazas y no sean simplemente reactivos, cuando el ataque ya se ha consumado. De igual modo, hizo un llamado a reforzar las instituciones del Estado, que han sufrido un debilitamiento desde hace tiempo atrás, por causas como la corrupción. «Cuando no hay confianza e integridad, especialmente en el sistema de justicia, perdemos la capacidad estratégica y moral», apuntó.
De su lado el abogado penalista Julio César Cueva, explicó que la emisión del decreto no garantiza que el problema de la inseguridad se vaya a solucionar, pues el mismo podría ser derogado por la siguiente persona en asumir el poder; añadió que es necesaria la construcción de una política pública de Estado, que permita que la lucha contra el terrorismo presente los resultados esperados a mediano y largo plazo.
De igual forma, enfatizó que es necesario que se ataque la estructura financiera de las bandas criminales, pues el dinero es su motivo para seguir operando. «Si no se atacan sus finanzas, la guerra se la va a perder», agregó.
Otra falencia del decreto, manifestó, es que en el Artículo 3 se anticipa que se podrían cometer excesos y violar derechos humanos, frente a la disposición que se da al Servicio Nacional de Atención a Personas de la Libertad (SNAI) para que otorgue condiciones de seguridad a los uniformados que sean procesados legalmente por el cumplimiento de sus labores.
Frente al cuestionamiento del exministro Carrillo, sobre la falta de cumplimiento en el presupuesto para el equipamiento de los miembros de la Policía, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, aseguró que el Gobierno está avanzando paulatinamente en esa área, pero recordó que las causas de la violencia y delincuencia son estructurales, por lo que también se requieren acciones complementarias, como la atención en el tema social y en recuperar la institucionalidad del Estado.
Por otra parte, Bravo afirmó que la disposición del Presidente es actuar con mano dura contra los criminales, pero siempre enmarcados en el respeto a los derechos humanos. Los resultados de las estrategias implementadas, se irán evidenciando progresivamente, agregó. Finalmente, aseguró que militares y policías estarán respaldados para que ejecuten las labores necesarias que devuelvan la paz al país y la ciudadanía recupere la tranquilidad.
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