El Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la protección de datos personales luego de la filtración masiva de información de 20 millones de ecuatorianos, incluidas personas que habían fallecido.
A criterio de Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), la iniciativa gubernamental fue trabajada durante 9 meses con todos los sectores entendidos en la materia y es por ello, que está muy bien estructurada en cuanto al contenido y a los ejes de la implementación de un sistema adecuado de control de datos, cuyos principios están alineados a la normativa europea.
Ecuador es uno de los pocos países de la región que ha permanecido desprotegido sin una normativa clara y contando únicamente, con artículos dispersos en otros cuerpos legales como el Código Integral Penal (COIP), que no contienen obligaciones, deberes, limitaciones y sanciones claras para todas las instituciones, sean éstas privas o públicas, sobre el manejo de la data personal y sensible de los ciudadanos, a la que tienen acceso.
Con la ley, los ecuatorianos van a contar con una tutela efectiva de sus derechos constitucionales, reconocido en el artículo 66, respecto a su información personal.
.@psolines: «El enfoque no es desde el sector de quien ha dado tratamiento de datos, pero sí desde la garantía de este derecho de protección de datos.» #LeyProteccióndeDatos #NotiMundoEstelar pic.twitter.com/7EEuuYjepX
— NotiMundo (@notimundoec) September 20, 2019
“Hemos estado desprotegidos y seguimos estándolo hasta que la Ley de Protección de datos” no sea aprobada y promulgada en el Registro Oficial. De hecho, Ecuador es uno de los pocos países de la región, con Venezuela que no tiene un marco regulatorio en esta materia. Esto hace que como país seamos menos atractivos para ser destinatarios de datos y para que se realicen transferencias de información desde el exterior”, dijo Pablo Solines.
Sin embargo, una de las debilidades de la ley es que se propone la creación de un organismo de control que dependa del Poder Ejecutivo y eso, a criterio del experto en protección de datos, es un grave error porque no garantiza la independencia de su accionar ya que el Estado es el mayor tenedor de data de los ecuatorianos a través de sus instituciones públicas.
Lo que se requiere es la conformación de una superintendencia con autonomía administrativa y financiera, cuya máxima autoridad sea nombrada en forma independiente del poder político, señaló Solines.
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