El pasado martes 14 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe sobre los hechos del paro nacional; en el que se incluyen 11 recomendaciones al Estado ecuatoriano y se constata un uso excesivo de la fuerza pública. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado las conclusiones de la CIDH y ha calificado el informe de sesgado y poco objetivo.
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Emilio Suárez, abogado constitucionalista, aseguró que la CIDH no es un organismo político ni ha tomado posiciones a favor o en contra de ningún actor de las manifestaciones. Sin embargo, la función del organismo interamericano es «tutelar los derechos de las personas, no del Estado«.
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Suárez explicó que si bien el informe insta al Ecuador a respetar el derecho a la protesta y expone casos de uso excesivo de la fuerza pública; también exhorta a las instituciones a investigar y dictaminar responsabilidades de los delitos y actos vandálicos cometidos.
Además, afirmó el constitucionalista, el Ecuador debe cumplir con las sugerencias de la CIDH; no solo por estar adscrito al Sistema Interamericano, sino, también, porque todas las recomendaciones que se brindan son obligaciones constitucionales del Estado. «Investigar delitos y proteger los derechos son deberes estipulados en la Constitución».
.@esuarez21: »El Estado está obligado a cumplir con las recomendaciones por ser parte del Sistema Interamericano.» #NotiMundoalaCarta #CIDH #ParoNacional pic.twitter.com/fQZTJllsuk
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