En Más Allá de los Hechos, Mario Pazmiño, experto en seguridad, señaló que la Policía cumple con su función de capturar a quienes comenten delitos; sin embargo, existe una ineficiencia de parte de los jueces y fiscales en donde prima la corrupción.

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Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea se refirieron al pedido del presidente Lenín Moreno de agilitar las reformas a la Ley de Movilidad que permitan deportar ágilmente a ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos en el país. El asambleísta Fabricio Villamar indicó que se tiene previsto en dos semanas entregar el texto de las reformas para que se analicen en el Pleno del Legislativo, en un primer debate.

Las declaraciones de Moreno se producen tres días después del crimen de Mariana Granja, de 68 años, el sábado en la av. Amazonas, frente a un centro comercial del norte de Quito.

Además, la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el canciller, José Valencia, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fueron convocados por la mesa legislativa para que presenten un informe sobre las acciones adoptadas por el Gobierno de Ecuador para aplicar un control migratorio.

Para Mario Pazmiño, la Ley tiene errores que se refieren a la situación de migrantes, refugiados porque no sanciona el ingreso ilegal e irregular al país. Además, otra de las fallas es la confidencialidad que mantienen de sus documentos cuando ingresan por las fronteras.

Fausto Salinas, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, aseguró que, de hecho, existen bandas de personas extranjeras que se encuentran operando en la ciudad. Por este motivo, la Policía Nacional trabaja en estrategias de inteligencia integral, para “identificar a estos ciudadanos irregulares que se dedican a actividades ilícitas y el crimen organizado; con el objetivo de poderles sacar del anonimato”.

Aseguró no es estar de acuerdo con algunos discursos que manejan los defensores de Derechos Humanos de pedir que los extranjeros que cometen delito en el país cumplan su condena en el país de donde provienen.

Propuso que las personas que comentan crímenes en el país deberían cumplir su condena con la justicia ecuatoriana, y después coordinar su deportación.

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