Una nueva masacre carcelaria revivió el debate sobre la situación al interior de los centros penitenciarios, donde ya no es un secreto que el Estado ha perdido el control de la situación. Y aunque el problema no es nuevo, parece haberse recrudecido en cuanto al nivel de violencia y recurrencia, dejando cerca de 400 muertos durante un año.

En Más Allá de los Hechos, Ricardo Morales, exdirector del Sistema de Rehabilitación Social y excomisionado de Pacificación, reconoció la crisis penitenciaria por la que atraviesa el país y aseguró que responde a un problema estructural, que se agrava por los altos niveles de violencia y corrupción.

Por ello, consideró necesario trabajar en varios ejes, como acabar con el hacinamiento; adecuar la infraestructura carcelaria con enfoque en la rehabilitación, por medio de actividades laborales para los reos; seguridad y tecnología; y, el fortalecimiento de la inteligencia policial y penitenciaria, para anticiparse a los hechos.

Morales destacó las «buenas intenciones» del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en cuanto a las acciones que realiza para mantener el control del sistema carcelario, pero insistió en que no basta con ello, pues «la realidad es otra», donde Ecuador lidera el número de muertos en las prisiones a nivel regional.

Asimismo, explicó que el abandono estatal al sistema de rehabilitación social puede haberse dado por no ser este un tema político, que no da votos, lo que ha derivado en un descontrol total. Ante esta problemática, urgen las acciones por parte de las autoridades, como la detección temprana de las personas de conflicto para poder tomar control inmediato y prevenir nuevos actos de barbarie. Pero también es importante escuchar y brindar una atención oportuna a los presos, pues «si bien perdieron su derecho a la libertad, mantienen intactos sus otros derechos, como el trabajo», apuntó.

Estas son parte de las recomendaciones planteadas por la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, donde se incluye el trato digno a los reos y el respeto a los derechos humanos. Otro planteamiento importante fue la reclasificación de los presos, según el tipo de delito cometido. «Las recomendaciones están ahí, ahora el Estado debe ejecutarlas, pero para eso se necesita presupuesto y un verdadero equipo técnico», sostuvo.

Para paliar los efectos del descontrol, también se deben cubrir áreas enfocadas en la reinserción, para lo que es necesario que se desarrollen actividades que promuevan la rehabilitación. Morales señaló que una alternativa es la construcción de residencias de granjas agrícolas, para que los presos que hayan cumplido con una parte de la pena, puedan tener alternativas.

Por su parte, Itania Villareal, exdirectora de Rehabilitación Social, recordó que durante su administración enfrentó 3 motines carcelarios, pero nunca con la intensidad de las masacres que ocurren desde febrero de 2021 en el país. Además, explicó que los reclamos se los hacía en contra de los legisladores, pero no hacia el sistema ni las autoridades de turno.

Para Villareal, la escalada de violencia y descontrol se generó cuando se descuidó el sistema penitenciario, con el aumento de la burocracia y la politización da las cárceles. «Se olvidaron de que esto hay que trabajarlo desde el sitio, no desde el escritorio», criticó.

Este criterio lo compartió Sonia Andrade, exveedora del Sistema Penitenciario del Ecuador, quien añadió que la deshumanización es la principal causa de los resultados que la sociedad observa al interior de las celdas, aunque no se puede desconocer el nivel de repercusión que ha tenido la presencia de bandas de narcotráfico y crimen organizado por la disputa de territorios, tanto dentro como fuera de la prisión.

Señaló que en 2011 se advirtió el error que constituía la construcción de las megacárceles, pues «un país seguro no es el que más cárceles tiene, sino el que más oportunidades ofrece, y en educación estamos perdiendo el año».

Andrade consideró que la deshumanización surge cuando se construyen las megacárceles que son «bodegas humanas», por lo que expresó que el Gobierno debe reconsiderar el tratamiento que le da a sus presos. Planteó, además, la alternativa de que la competencia de las prisiones pase a los GADs, pues en cárceles más pequeñas se facilita el control de los reclusos. «La falta de conocimiento en la administración del sistema penitenciario, da como consecuencia este tipo de situaciones», añadió.

Sin embargo, consideró que no hay intenciones de sanear estos problemas, porque «la sangre en las cárceles vende», y esto quedaría evidenciado por el ingreso de armas de grueso calibre, que muy difícilmente pueden pasar desapercibidas en el cuerpo de las visitas. Añadió que el momento en que se privatizó el servicio de alimentación en las prisiones se dio rienda suelta para que puedan introducirse toda clase de objetos.

Finalmente, Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación Nacional de Guías Penitenciarios, lamentó que el cuerpo de seguridad y vigilancia cuente con 1600 guías en la actualidad, los cuales trabajan en 3 turnos y da como resultado que apenas 550 custodios se destinen para más de 35 mil privados de la libertad, cuando la norma es que exista un guía por cada 10 reos.

Informó que, ante esta situación, se suscribió un acuerdo interinstitucional con la Policía Nacional, para que la institución sea la encargada de manejar el perímetro externo y los filtros principales de los centros de privación. Adelantó que para agosto se presentará en la Asamblea Nacional una propuesta de Ley para que se garantice la seguridad penitenciaria, y se fortalezca el equipamiento y capacitación.

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