El desabastecimiento de medicinas y la falta de mantenimiento a las instalaciones hospitalarias son algunas de las razones que expuso el gremio de médicos de Pichincha para que se declare en emergencia el sistema de Salud Pública. Juan Barriga, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Pablo Arturo Suárez, lamentó que la presencia de la ministra Ximena Garzón en esa casa de Salud no haya dado respuesta a sus demandas.

Foto: El Ciudadano

En Notimundo al Día, Juan Barriga, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Pablo Arturo Suárez, aseguró que la situación en la red de hospitales públicos es crítica, y que eso se evidencia en un grupo de WhatsApp donde están galenos de distintas casas de salud, donde a diario se registran casos de pacientes que no pueden ser atendidos por falta de insumos y falencias en la infraestructura. «En realidad, carecemos de todo», lamentó Barriga.

El representante del gremio en ese Hospital, aseguró que la visita de la ministra de Salud, Ximena Garzón, no reflejó la situación por la que están atravesando, pues «a la prensa se la hizo recorrer por una bodega con medicamentos, mientras en el piso de arriba los pacientes hospitalizados esperaban una voz de aliento». Barriga detalló que al pedido de la declaratoria de emergencia se han sumado 14 Hospitales, de los 3 que iniciaron con la solicitud en días pasados. En este llamado a las autoridades ahora están casas de Salud no solo de Pichincha, sino de Tungurahua, Esmeraldas, Imbabura, Loja, entre otras.

Indicó que el cargo que desempeñan los médicos no es lo esencial, sino preservar la vida de los pacientes. Asimismo, explicó que «las cosas son más graves de lo que se piensa», debido a que en casos de corrupción que han salido a la luz, se evidencia cómo solo se cambia a los involucrados para desempeñar otros cargos en otros hospitales.

Barriga lamentó que por poner en evidencia estos casos se ha tomado medidas disciplinarias en su contra y la de su equipo de trabajo. En su caso, fue removido de la Jefatura del Servicio de Ortopedia y Traumatología, por denunciar las irregularidades que se viven, pero afirma que este mecanismo de amedrentamiento «es rutina de las autoridades para callarnos».

De igual forma, señaló que en la Contraloría General del Estado reposa un documento donde se expone que no debe cancelarse los montos correspondientes al Hospital Pablo Arturo Suárez, debido a que la infraestructura tiene falencias, y se sugiere que se declare una zona de emergencia, debido a que ocupa una parte de un terreno declarado como de alto riesgo. Asimismo, otro informe del propio Ministerio de Salud, habla de que las instalaciones no deben ser ocupadas en más del 30%.

«Los medicamentos no es todo, faltan insumos que se han pedido desde el año pasado para sacar una lista de espera de más de 600 pacientes», enfatizó Barriga. Por si fuera poco, el servicio de emergencias también tiene dificultades, pues se hospitalizan pacientes para que posteriormente sean transferidos a clínicas privadas, «donde tampoco quieren recibirlos porque tampoco tienen dinero».

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