El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, manifestó que el titular del COE Nacional, Rommel Salazar, y el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, tienen la obligación legal de presentar información verificada y clara respecto a las cifras de coronavirus en Ecuador. Indicó que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública está vigente desde el 2004 y agregó que “no hay excusas” para su incumplimiento.

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En NotiMundo a la Carta, Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, anunció que la población ecuatoriana tiene que recibir cifras reales y precisas de la situación de coronavirus en el país. Rechazó que las autoridades centrales difundan información sin un previo análisis y confirmación de su veracidad. En ese marco, indicó que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde el año 2004, estipula que los titulares del Ministerio de Salud Pública y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional tienen la obligación de cumplir con la solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo en un periodo máximo de ocho días. Agregó que, en caso de no hacerlo el presidente de la República, Lenín Moreno, deberá proceder con la destitución de sus cargos.

También dijo que los recursos públicos tienen que ser transparentados ante la ciudadanía y precisó que no es una obligación temporal, surgida a partir de la emergencia sanitaria, sino una exigencia permanente de la Ley.

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