Más Allá de los Hechos

Un manejo sin control en las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ponen en riesgo la continuidad de las pensiones jubilares y los servicios de salud para los miles de afiliados en todo el país. El cambio a la estructura, el manejo transparente de las cuentas y cobrar valores adeudados son necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la institución.

Xavier Santos, exgobernador de Manabí y asambleísta, confesó que después del terremoto de 2016 se evidenciaron una serie de irregularidades que fueron denunciadas en su momento, y lamentó que la provincia, seis años despúes, no haya tenido la reconstrucción y reactivación que se deseaba.

Julio Villacreses, representante de la Comisión Anticorrupción núcleo Manabí, criticó que la Fiscalía General del Estado no establezca aún responsabilidades por la pérdida de los fondos destinados para la reconstrucción de esa provincia, luego del terremoto de 2016.

Lucía Fernández, del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, lamentó que los cerca de USD 3.500 millones que se recaudaron para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, no hayan llegado a su destino final y se hayan perdido en manos de la corrupción.

Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), señaló que los análisis que se hicieron a las cuentas para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, luego del terremoto de 2016, no eran las mismas, ni siquiera en las propias entidades gubernamentales.

El terremoto de 2016 en Manabí no solo destruyó gran parte de la infraestructura de la provincia costeña, sino también la confianza de miles de personas que buscaban apoyo y transparencia por parte del Gobierno de turno. Seis años después, los cerca de USD 3.500 millones que se recaudaron para la reconstrucción todavía no llegan a su destino final, dejando en la población un sabor de impunidad, difícil de olvidar.

Alexys Guanín, abogado del exjuez Pedro Moreira (sancionado por el Concejo de la Judicatura por la concesión del habeas corpus a alias ‘Jr’), explicó que su defendido actuó bajo la realidad procesal del caso, por lo que no se habrían cometido irregularidades.

Agustín Grijalva, exjuez de la Corte Constitucional, rechazó el accionar de operadores de la justicia que se prestan para el abuso de recursos legales.

María Paula Romo, abogada y exministra de Gobierno, no asegura que exista un pacto entre el Ejecutivo y el correísmo, pero dijo que será el tiempo quien determine si hubo una cadena de coincidencias o acuerdos hechos bajo la mesa para lograr la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.

Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, señaló que una de las principales responsabilidades en la concesión de habeas corpus recae sobre el SNAI, pues es su deber desvirtuar todas las pruebas de la defensa en pro de velar por los intereses de la institución y de la justicia.