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Cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvieron que se “garantice el derecho a la presunción de inocencia” del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en la investigación por el delito de presunto abuso sexual por el que está preso en la cárcel 4 de Quito, desde el 17 de mayo del 2021.

André Benavides, abogado constitucionalista, manifestó que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis carcelaria “son un parche” que no atienden la problemática desde su origen. Precisó que, en Ecuador, no existe una política criminal; tampoco articulación, por parte de todas las Funciones del Estado, para emitir normativas articuladas que reemplacen a las disposiciones aisladas de la actualidad. Aseguró que las cárceles nacionales “son bodegas humanas” que no realizan rehabilitación social.

Roberto Castillo, Director Ejecutivo del INEC, informó que este jueves, 22 de julio, se publicó la información correspondiente a las cifras de empleo, desempleo y subempleo en Ecuador. De acuerdo, con la encuesta más de 100.000 personas salieron del desempleo en el país.

Tras los hechos violentos ocurridos en las cárceles de Guayas y Cotopaxi, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró en emergencia el sistema carcelario del país y aseguró que el Gobierno no se dejará intimidar por las mafias que buscan controlar los centros penitenciarios. Precisó que las sanciones en contra de los responsables caerán con todo el peso y el poder de la Ley.

Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, manifestó que, durante el proceso de sustanciación del juicio político en contra de Pablo Celi, se han identificado hallazgos que podrían ampliar y facilitar las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado en el caso denominado ‘Las Torres’. Aseguró que la comparecencia de distintas autoridades, exfuncionarios y ciudadanos han develado “importante información”.

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, manifestó que la vicealcaldesa de la ciudad se elegirá en una sesión del Concejo de Quito, pero aseguró que contará con el respaldo de la mayoría de los ediles. Indicó que su administración municipal incluirá autoridades con “conocimientos, experticia y honestidad como carta de presentación” para garantizar la atención de las necesidades de la ciudad y precisó que, en los próximos días, se emitirán ordenanzas relacionadas con el tema sanitario – por la detección de la variante Delta – y la movilidad.

Este 20 de julio, la asambleísta por la Izquierda Democrática, Yeseña Guamaní, presentó, ante el Pleno del Legislativo, una resolución que pretende realizar un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que desde el Estado se garantice la entrega de medicamentos requeridos por pacientes “huérfanos, con enfermedades raras o catastróficas y discapacitados”; al igual que políticas de prevención.

Carolina Moreno, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, y Fernando Carrión, urbanista y exasesor del Municipio, participaron en un panel para definir los retos de la gestión del alcalde Santiago Guarderas. En sus intervenciones Moreno y Carrión coincidieron que la administración municipal exige una restructuración para la adopción de decisiones y acciones que mejoren las condiciones de la capital. Resaltaron que Guarderas deberá direccionar los esfuerzos hacia la reactivación económica a través de la inmunización contra el COVID-19.

El concejal de Quito, Fernando Morales, indicó que la situación de la remoción fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral, en la consulta de aclaración o ampliación y precisó que, después de dicha acción, no cabe otra instancia en materia electoral. Manifestó que el exalcalde Jorge Yunda puede presentar las acciones internacionales que considere pertinentes, pero aseguró que la resolución del Concejo se encuentra en firme.

Darwin Pereira, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Pachakutik y legislador por esa bancada, calificó como “lamentables” a las polémicas declaraciones emitidas por su compañera de bloque Rosa Cerda, quien, en un foro abierto con ciudadanos, aseguró que recomendó a sus colegas del Legislativo “robar y justificar bien” el hecho. Precisó que si Cerda no aclara públicamente lo ocurrido existirá una sanción por parte del Comité de Ética.