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Alejando Rodas, vocero del Frente de perjudicados de la Contraloría General del Estado, dijo que la Asamblea Nacional debe ser “categórica” en el trámite del juicio político planteado en contra del contralor Pablo Celi y resaltó la necesidad de cumplir los tiempos que establece la normativa.

Eduardo del Pozo, concejal de Quito, manifestó que, tras el dictamen de ratificación del proceso de remoción emitido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el alcalde removido, Jorge Yunda, “tiene que volver a sus radios, a ser el locutor chistoso que era, y dejar a la ciudad tranquila y en paz”. Agregó que después de que la sentencia esté en firme Santiago Guarderas subrogará las funciones de la máxima autoridad de la capital.

Luis Almeida, asambleísta por el PSC, resaltó que los procesos de juicio político, que se encuentran “en cola” en el Legislativo, se deben ejecutar “inmediatamente” porque existen acciones que han perjudicado a los ecuatorianos y precisó que Pablo Celi “ha denigrado al país y se ha enriquecido” de él. Resaltó que existen funcionarios que “han ido (por) ahí casi casi como una pandilla de asaltantes y eso tiene que juzgarse”.

Fausto Salinas, Director de Seguridad y Orden de la Policía Nacional, informó que Miguel Ángel Nazareno Castillo, conocido en Quevedo como ‘Don Naza’, manejaba una “estructura de negocio” que hacía que la gente le entregue, voluntariamente, su dinero a cambio de obtener intereses por el 90% en un plazo de 8 días.

Nathalie Arias, asambleísta por CREO, manifestó que, la normativa aprobada por el Legislativo, busca crear un mundo con mejores condiciones de desarrollo; además, diseñar un orden en la producción nacional porque actualmente no existe una responsabilidad sostenible que se ocupe de los desechos. Agregó que varias familias se beneficiarán por las propuestas de inclusión.

Daniela Valarezo, Intendenta de Policía de la provincia de Pichincha, informó que renunció a su cargo debido a que durante los últimos días han existido nominaciones de nuevos comisarios que “no conoce y no sabe de su trayectoria”. Agregó que se trata de “personas que responden a un apoyo político al movimiento del presidente de la República”, Guillermo Lasso, y aseguró que eso “suele suceder en una transición” de Gobierno.

Zaida Rovira, defensora (subrogante) del Pueblo, aclaró que la sentencia de la Corte Constitucional, que determinó la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) -que penalizaba el aborto por violación- es inapelable y dijo que, pese a las posturas políticas de la Asamblea Nacional, el Pleno tendrá que calificar el documento enviado.

El coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, indicó que se solicitó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, que convoque con carácter urgente al Pleno para debatir los "graves hechos” que se han desarrollado al interno de la Contraloría General del Estado.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, manifestó que “cada vez que se va a juzgar a alguien tiene que haber imparcialidad y no existir conflicto de intereses” y denunció que el vicealcalde Santiago Guarderas está interesado en su cargo. Precisó que removerlo sería un “precedente en la democracia del Ecuador” porque atentaría contra la voluntad de los electores y violaría derechos.

La concejal de Quito, Luz Elena Coloma, dijo que la decisión de la jueza María Belén Domínguez, sobre la acción de protección del alcalde Jorge Yunda, no le da “mucha confianza” y precisó que presentarán una queja, en el Consejo de la Judicatura, porque no se está respetando la normativa en el fallo.