Nuestras Entrevistas

Silvia Buendía, abogada especialista en DD.HH., aseguró que el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, tiene antecedes de agresión a mujeres y no es “idóneo” para ejercer su cargo. Además, manifestó que ante los hechos de violencia registrados este sábado 15 y domingo 16 de mayo, en los que se acusa a Carrión de un posible delito de abuso sexual, el funcionario debería renunciar “por vergüenza y responsabilidad”.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, enfatizó que, en la designación de autoridades del nuevo Legislativo, se demostró que existe una "gran unidad histórica en la diversidad"; en referencia al acuerdo que se consolidó entre Pachakutik, CREO, la Izquierda Democrática y los denominados independientes. Sin embargo, mencionó que, en el marco de la gobernabilidad, no dejarán de lado a las otras bancadas y aseguró que en las comisiones deberán estar representados todos los bloques.

Fausto Patiño, médico salubrista y docente universitario, señaló que las finanzas de una familia pueden afectarse gravemente por el COVID-19. Precisó que los altos costos de la enfermedad, como los insumos, medicamentos, exámenes, rehabilitación física y emocional, entre otros; ha dejado con deudas de más de USD 100.000 a algunos hogares ecuatorianos.

Este viernes, 14 de mayo del 2021, el Partido Social Cristiano (PSC) confirmó la ruptura de la alianza que mantenía con el movimiento CREO, por no respetar el acuerdo legislativo en el que también participaba la bancada Unión por la Esperanza (UNES). Simón Pachano, analista político y docente universitario, aseguró que esta acción beneficiaría al Gobierno de Guillermo Lasso porque esto le quita "dos lastres de encima: el correísmo y el social cristianismo".

William Cevallos, Vicepresidente del Gremio de Panificadores de Pichincha, indicó que este sábado tendrán una nueva reunión con el Gobierno, y empresarios, para encontrar una solución ante el incremento “indiscriminado” de la materia prima que se requiere para la producción del pan.

Diego Ordóñez, asambleísta por CREO, aseguró que nunca hubo un acuerdo anunciado, en el que estaría involucrado el movimiento oficialista con el Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza correísta (UNES). Según Ordóñez, fue “una especulación a partir de suposiciones”.

José Hernández, analista político, aseguró que si el bloque legislativo de CREO llegaba a concretar una alianza con la bancada correísta de Unión por la Esperanza, el presidente electo, Guillermo Lasso, “hubiera entrado con una lápida” a su Gobierno, debido a que UNES pide la creación de una Comisión de la Verdad “encargada de lavarle la cara al correísmo con todos los delitos que han cometido”.

César Ulloa, politólogo y docente universitario, mencionó que este viernes, 14 de mayo del 2021, "se juega la vida institucional del Ecuador", en función a la elección de autoridades que presidirán la nueva Asamblea Nacional. En ese sentido, dijo que el acuerdo político que resuena entre el Partido Social Cristiano, CREO y la Alianza UNES pretende imponer una agenda de impunidad y aseguró que si esta acción se instaura, será un "suicidio" para la Legislatura.

Bernardo Abad, concejal del DMQ, insiste en que “hay que buscar la mejor opción" del modelo de gestión para el Metro de Quito. Esto en función a la ratificación o rectificación que deberá hacer la Comisión Técnica, aprobada por el Directorio. En ese sentido, reaccionó a las declaraciones de la gerenta general de la Empresa Pública encargadada de este sistema de transporte, Andrea Flores, donde mencionó que dicho análisis retrasará la entrega comercial del proyecto, y enfatizó que los plazos se tendrán que dilatar, porque la seguridad de los ciudadanos es la prioridad.

Este jueves 13 de mayo del 2021, la bancada de la alianza UNES planteó crear una Comisión de la Verdad que investigue los casos judicializados por hechos de corrupción durante los últimos cuatro años y en los que están envueltos los principales funcionarios de la administración de Rafael Correa. En ese sentido, el abogado constitucionalista, Ismael Quintana, explicó que este planteamiento podría violar la Constitución al ser una solicitud que pretende otorgar impunidad a través de acuerdos "disfrazados de una supuesta gobernabilidad".