Según Larreátegui, al momento existen concesiones otorgadas por el Estado, de las cuales el 95%, es para extraer oro. Por esa razón, mencionó que es falsa la idea de que se necesita cobre para la transición ecológica.
“Es decir, lo que sacamos del subsuelo de las zonas mas bidoversas de Quito, es para poner en el subsuelo de una oficina de un banco”, rechazó.
En las dos parroquias (Pacto y Gualea), donde existe más incidencias de las actividades de minería, el 76.69% votó a favor de que se prohíba la minería metálica en las cuatro escalas. Una consecuencia de esto, dijo, es que esta actividad genera división y ruptura social.
A esto se suma la cantidad de químicos que se usan para la perforación, para el procesamiento de los minerales y, “a mayor magnitud, mayor impacto”.
Desde el colectivo, respaldan la propuesta económica que proteja la naturaleza y se base en actividades económicas que respeten el medio ambiente.
Además, Larreátegui explicó que al momento, no existe niguna iniciativa ni incentivo para seguir explorando porque no van a poder pasar a la fase de explotación.
En este sentido, indicó que las concesiones de minería mediana y de gran escala que estaban en etapa de exploración no puden pasar a una explotación.
Concluyó con que es necesaria un política de Estado nacional y local que le vea al país como un espacio lleno de oportunidades para desarrollar un turismo de todas las escalas.
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