En Notimundo al Día, Tarsicio Granizo, director de World Wildlife Fund (WWF) Ecuador, organización dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, consideró que las afectaciones ambientales que deja la minería, legal e ilegal, en Ecuador, obligan a repensar el modelo de desarrollo nacional y evaluar si conviene seguir apostándole a esta actividad extractiva.
Recordó que en la consulta popular de 2018 «quedó claro» que no se pueden realizar trabajos de minería metálica en áreas protegidas ni en ciudades, como Zaruma, en la provincia de El Oro, que es una de las más afectadas por esta actividad. Sin embargo, Granizo consideró que existe complicidad de ciertas autoridades para permitir que los trabajos continúen, pues la minería mueve grandes cantidades de dinero, que también da paso a la corrupción y con ello una mayor vulnerabilidad en el medio ambiente y en la vida de los pobladores.
.@TarsiGranizo: «La minería mueve mucho dinero y donde hay dinero hay corrupción, y ahí ocurren ilegalidades que ponen en riesgo la vida de las personas. Hay mafias e intereses detrás y si no se toman medidas urgentes, se nos va a ir de las manos»
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— NotiMundo (@notimundoec) December 28, 2022
Frente a la iniciativa del colectivo Quito Sin Minería, que busca prohibir la actividad extractiva en el Chocó Andino, explicó que en esa zona efectúan labores grandes, medianas y pequeñas empresas, sin tomar en cuenta el riesgo al que se expone a la biodiversidad en esa parte de la Serranía ecuatoriana, donde, por ejemplo, se registra la mayor cantidad de osos andinos.
Indicó que el proyecto Mirador, por ejemplo, que es a cielo abierto, deja USD 200 millones al año para el país, pero que ese monto no se compara con los daños ambientales que generan las actividades. «Estos impactos deben ser valorados e incluídos en los cálculos económicos de estos proyectos», apuntó.
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