Los casos Purga y Metástasis han logrado empezar con la depuración del sistema judicial en Ecuador. En Decisiones con Jorge Ortiz, dos juristas y dos comunicadores analizaron los escenarios que tiene por delante este poder del Estado, que ha sido duramente cuestionado por el terreno que ha cedido al cedido a los grupos del narcotráfico y crimen organizado.

Ramiro García, abogado penalista, indicó que todavía quedan vestigios de institucionalidad, dentro de la crisis que atraviesa el país, pues el tema se lo está resolviendo en las cortes nacionales y no «a tiros», como ocurrió en la Colombia de Pablo Escobar y el cartel de Medellín.

Asimismo, recordó que la justicia ha sido apetecida desde siempre por los políticos de turno, pero la diferencia ahora es que el narco es el nuevo y poderoso protagonista, que con su alcance económico logra infiltrarse en las más altas esferas.

Por otro lado, explicó que el problema no es el Consejo de la Judicatura (CJ), organismo encargado de la selección y evaluación de los magistrados a nivel nacional, sino su modelo de gestión. Incluso con gente proba en su interior, como Álvaro Román, Solanda Goyes, Yolanda Yupagui o Merck Benavides, la situación no cambiará, agregó.

En este sentido, recordó que el mecanismo de ternas que se remiten para la selección de jueces no da garantía de nada, pues una de ellas estuvo integrada por Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, actualmente detenida por presunta delincuencia organizada dentro del caso Purga.

García enfatizó en que el cambio en el sistema judicial parte desde la Academia: «Si no cambiamos las facultades no podemos aspirar a una mejor justicia; no podemos tener mejores jueces, si no formamos mejores abogados».

Para el periodista Martín Pallares, desde hace algún tiempo atrás se viene gestando un operativo para tomarse por asalto a la justicia, y esto se demuestra con la censura y destitución del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, con los votos del correísmo, principalmente, en la Asamblea Nacional.

A su criterio, esto también se evidenció en la sesión del Pleno parlamentario del pasado jueves 07 de marzo de 2024, donde la bancada de Construye mocionó un cambio del orden del día para introducir una resolución de respaldo a las actuaciones de la fiscal Diana Salazar, pero que solo contó con 62 votos de apoyo, mientras que en contra votaron 40 asambleístas.

Pallares también reconoció lo delicado que representa continuar refiriéndose a estos temas, por el poder que tienen los grupos delictivos que operan en el país, en complicidad con organizaciones políticas. «En el caso Metástasis se veía como entre chiste y chiste ordenaban los asesinatos», acotó, y esto quedó evidenciado con el asesinato de Fernando Villavicencio, a pocos días del debate presidencial, donde -además- había advertido que revelaría temas comprometedores de otros candidatos.

De su lado, Andrés Páez, abogado y político, destacó que existen buenos jueces que no pueden ver empañada su labor por las actuaciones de quienes están cooptados por el crimen organizado. Indicó que las miradas deben ser «aguas arriba», para identificar quienes son los que intentan infiltrar a personajes vinculados con ciertos delitos en cargos importantes de las funciones estatales.

Páez cuestionó que en espacios como la Corte Constitucional (CC), no existan mecanismos de autoevaluación y eso permita que en algún momento puedan cometer irregularidades. Una de ellas, a su criterio, se observó en el marco del juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. «En 48 horas redactaron 180 páginas con el informe de favorabilidad, ¿quién se va a creer eso?», añadió.

Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio y directora de Periodismo de Investigación, dijo que el narco ha tenido tal alcance, que incluso ha llegado a tener «aliados» en espacios como el periodismo, con «voceros» como el medio digital La Posta. No obstante, saludó la decisión de la fiscal Salazar de llamar a declarar al periodista Andersson Boscán, en el marco del caso Metástasis.

La muerte de su padre, manifestó, no puede quedar impune y también debe ser un llamado a la sociedad ecuatoriana, para perder el miedo y dejar de lado las «tibiezas», para así poder recuperar la paz en el país y traer mejores días para la ciudadanía. «Si nos podemos morir luchando, bendito sea, que entre la muerte por esa puerta y nos encuentre luchando con honestidad y la cabeza arriba, porque eso es lo que nos enseñó mi papá», sentenció.

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