El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un mecanismo de pago de laudo a la petrolera francesa Perenco por USD 351,69 millones más intereres. El cronograma de cancelación se extenderá hasta finales del 2023, detalló la Cartera de Estado este viernes 22 de diciembre de 2022.

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Pablo Arosemena, titular de Economía y Finanzas, señaló que con el plan de pago acordado con Perenco Ecuador Limited se da solución a un problema que se originó por cambios de reglas contractuales en el periodo de gobierno 2007-2017.

El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril de 2008. La compañía francesa exigía, originalmente, un pago de USD 1 423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006, en el gobierno de Alfredo Palacios.

En ese cuerpo legal se estableció un impuesto del 50% a las ganancias extraordinarias por precio del petróleo que no hayan sido pactadas o previstos. Este porcentaje se incrementó al 99%, mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 del 4 de octubre de 2007, suscrito por el expresidente Rafael Correa.

El fallo a favor de Perenco

En mayo del 2021, el Comité Ad-Hoc del Tribunal Arbitral estableció una indemnización a Perenco de USD 435,18 millones por incumplimiento de contrato, de los cuales, Ecuador debía deducir USD 54,44 millones por daños ambientales y USD 6,37 millones por costos y gastos arbitrales a favor del Estado. Con esto, el monto neto de capital quedó en USD 374,37 millones más intereses.

Pero, finalmente, luego del cruce de valores adeudados al Estado por medio del Servicio de Rentas Internas (SRI), este valor quedó establecido en USD 351,69 millones más intereses, que se pagarán hasta finales del año 2023.

El MEF señaló que con el plan para cumplir con el pago establecido en el laudo arbitral se pone «fin a una disputa histórica originada en administraciones pasadas por irrespeto a la institucionalidad«.

Por su parte, Perenco, a través de uno de sus voceros, agradeció la determinación y el respeto a la institucionalidad por parte del Estado ecuatoriano.

Fuente: El Comercio – Nota original: LINK