Torres aseveró que el Plan Fénix se ha aplicado en Ecuador de manera «silenciosa», con los militares colaborando en las labores de seguridad interna que ejecuta la Policía Nacional.
Aunque alertó que esto cambiaría una vez que termine el estado de excepción, el próximo 8 de abril, indicó que desde el Gobierno se ha planteado un «plan B», para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en los sitios claves, como las cárceles y los barrios más conflictivos del país. «Estamos en una etapa disuasiva donde sí se controló los niveles de criminalidad y violencia que vivíamos», reconoció.
El estallido de nuevos ataques armados, dijo Torres, son acciones de las organizaciones criminales, que en muchos casos tienen relación con tiendas políticas, y que buscarían represalias a los golpes que se han dado últimamente en el ámbito judicial, en casos como Metástasis y Purga. «No habría como descartar que estas pequeñas escaladas de asesinatos selectivos podrían ocurrir, a puertas de una consulta popular donde el 50 % de las preguntas tienen que ver con temas de seguridad», apuntó Torres, e insistió en que es muy probable que la última ola de violencia esté atada a una estrategia política.
Explicó también que existe un «quiebre» entre los mandos de las organizaciones criminales con sus «ejércitos» en las calles, por el control que mantienen las FF.AA. en algunas prisiones, que anteriormente servían a las bandas delictivas como sus centros de mando. Para tratar de sembrar el terror y someter a la población, los delincuentes buscan generar casos de conmoción, como la masacre ocurrida en Puerto López o en el Guasmo Sur durante el fin de semana, sostuvo.
Finalmente, advirtió que el poder que han adquirido las organizaciones criminales durante la última década tomará un largo tiempo en ser desmantelado, y para eso el Gobierno debe «camina rápido» para sumar aliados en esta lucha, como a los gobiernos locales.
