En NotiMundo al Día, Pablo Encalada, abogado penalista, explicó que las consultas populares tienen dos objetivos: reformar la Constitución y reformas legales. Pese al poder de decisión que tiene el Presidente de la República, añadió, existe la dificultad de cambiar estos cuerpos normativos, y por ello se acude a la ciudadanía para la toma de decisiones.
Encalada señaló que algo que llamó la atención desde un inicio con esta consulta popular y referéndum, es que en preguntas como la referente al aumento de penas para ciertos delitos, se explica en el anexo que se enviará un proyecto de ley a la Asamblea. «Esto me generó cierta insatisfacción, ¿por qué no fue directamente a la Legislatura?», cuestionó.
También existe preocupación respecto de la ley de extinción de dominio, donde se plantea que los bienes producto del crimen organizado y de la corrupción pasen a manos del Estado, pero surge la duda de cuándo puede aplicarse, pues existe la presunción de inocencia y el limitante de la sentencia ejecutoriada. «¿Cómo lo van a hacer? Probablemente se encuentren con algún problema, y necesitan 70 votos para aprobarlo», acotó.
Encalada consideró que los cambios aprobados en la consulta popular se deberían aplicar a la brevedad posible, pero podría existir la posibilidad de que no exista el apoyo necesario en el Parlamento y así «quedarse el mandato popular en el aire».
Los temas referentes a enmienda y reforma parcial a la Constitución entran en vigencia de forma automática, agregó. «Hubiera sido adecuado que así como reformamos la Constitución en la primera parte, también hagamos de una vez las reformas legales para no estar en estos problemas que tenemos», apuntó.
En cuanto a temas como la extradición, también existe preocupación pues al haber ampliado la gama de delitos, podría utilizarse como herramienta de persecución política, alertó Encalada.
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