En la proforma del Presupuesto para el año 2020 que el Instituto Metropolitano de Patrimonio presentó la semana anterior a la Comisión de Áreas Históricas solo constan USD 22 millones de los USD 90 millones 619 mil entregados por el Gobierno Nacional para la preservación del patrimonio de la ciudad.
Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural señaló que es urgente que la administración municipal liderada por el alcalde Jorge Yunda, transparente las cifras y presente los justificativos técnicos para presentar un presupuesto que solo contempla el uso del 24,3% de esa asignación.
“Hay numerosos programas de patrimonio que hay que trabajar no solo en el Centro Histórico sino en toda la ciudad”, dijo Moscoso.
El funcionario señaló que es alarmante la reducción del presupuesto municipal para la preservación del patrimonio de la capital y es por ello que la ciudadanía debería pedirle cuentas a la alcaldía de cuál es el uso que se les está dando a esos recursos.
Moscoso recordó que se trata de USD 90 millones y que las cuentas reflejan que USD 70 millones se estarían destinando para otros asuntos, algo que lo impide el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAD).
.@joaquinmoscoso: “Si el @MunicipioQuito solo coloca USD 20 millones en cuestiones patrimoniales, quiere decir que no necesita los otros USD 70 millones que se le da”.#PatrimonioHistórico #NotiMundoEstelar pic.twitter.com/HA3VPinllf
— NotiMundo (@notimundoec) November 14, 2019
Quito es la ciudad que más asignaciones del Gobierno recibe para el cuidado del patrimonio. Se trata del 6% de los impuestos a la renta que se recaudan en cada uno de los 221 municipios del país.
Solo 6 municipios reciben más de un millón. Guayaquil, por ejemplo, recibe USD 40 millones, Cuenca USD 6 millones y Ambato, USD 2 millones.
Moscoso explicó que el Ministerio de Finanzas entrega directamente los montos a los municipios, que tienen la obligación establecida en leyes, disposiciones y compensaciones especiales de destinar esos recursos exclusivamente para la gestión del patrimonio.
Aseguró que si no se justifica técnicamente el uso del 75,7% restante de manera exclusiva para la preservación del patrimonio, el Gobierno nacional solicitaría que esos recursos se redistribuyan a otros gobiernos locales que sí lo necesitan.
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