En Notimundo al Día, Carlos Poveda, abogado de Leonidas Iza, explicó que el tema principal de la audiencia del procedimiento directo buscaba establecer si existió o no la flagrancia. No obstante, señaló que después de la formulación de cargos en el expediente fiscal, empezaron a aparecer oficios y diligencias que consistían en seguimientos, grabaciones e intervenciones telefónicas, que se realizaron desde el 6 de junio, es decir, una semana antes de que se detenga a Iza por la obstaculización de una vía en Pastocalle, Cotopaxi.
«Esto desnaturalizó la calidad de flagrancia que fue calificada en su debido momento», apuntó Poveda. Recordó, además, que la misma jueza Bedón fue la autoridad judicial que formuló cargos en un inicio. «Más que tranquilidad, es justicia, y no impunidad», dijo Poveda y precisó que quedó abierta la posibilidad para que la Fiscalía pueda iniciar un nuevo caso, si se llegaran a recabar los elementos suficientes para una acusación, pero ya no en un procedimiento directo, sino en uno ordinario.
#CarlosPoveda: “El delito que se investigaba era paralización de un servicio público. Corresponde a la Fiscalía ver si es que nuevamente se va a proceder a la investigación. Nunca nos hemos negado a investigaciones»
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— NotiMundo (@notimundoec) September 27, 2022
El jurista resaltó que existen 14 juicios pendientes y que en todos ellos se ha colaborado con las investigaciones previas. Además, cuestionó la labor de la Policía durante la aprehensión de Iza, pues dijo que no había orden de detención y la supuesta flagrancia por la cual fue capturado quedó comprobada que nunca existió. «Si no había esa calidad del delito, inmediatamente la detención se convertía en ilegal y arbitraria«, añadió.
Precisó que la Fiscalía es la encargada en establecer los elementos que prueben si se cometió un delito, y en este caso fue la misma entidad la que reconoció que no hubo flagrancia. Además, denunció que la información que tuvieron en su momento la Policía y la Fiscalía fue omitida a la jueza, «lo cual es grave, porque puede convertirse en un delito de fraude procesal«.
Poveda rechazó algunos pronunciamientos sobre que esta decisión judicial responde a las mesas de diálogo que mantiene el Gobierno con el movimiento indígena. Señaló que tampoco debería existir conexión, pues se deben respetar la independencia de funciones del Estado y la objetividad de la Fiscalía.
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