Para el 2019, los ingresos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no alcanzarán para cubrir el pago de pensiones, auxilio por funeral, montepío, inversiones y otros gastos fundamentales destinados a sus pensionistas.

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Esto obligará a la entidad a recurrir por quinto año consecutivo a una desinversión de sus ahorros, esta vez por USD 414 millones, según su presupuesto del 2019, aprobado a mediados de diciembre y al que accedió este Diario. La brecha se registra pese a que este año se restituyó una parte del aporte del Estado.

El Ministerio de Finanzas se comprometió a entregar USD 1 242 millones durante el 2019 para el pago de pensiones (incluidas las de riesgos del trabajo y del seguro social campesino), aunque el Seguro Social calculó esta obligación estatal en USD 1 755 millones.

Sobre el aporte, Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS, dijo el pasado miércoles, 9 de enero, que se va a “ajustar” con el ministro de Finanzas, Richard Martínez. “Ya lo conversamos”. Pese a eso, destacó la decisión del Gobierno de reconocer, al menos, una parte de la contribución fiscal en el Presupuesto del Estado. “Del resultado de estas reu­niones (con Finanzas), se establecerá si existe necesidad de desinvertir”, explicó la Dirección Nacional de Gestión Financiera del IESS.

Granda reconoció esta semana que decisiones pasadas hicieron que este fondo perdiera liquidez. Una de ellas fue el retiro del aporte estatal del 40% para el pago de jubilaciones entre el 2015 y el 2018. Otra decisión fue el cambio en las tasas de aportaciones, con la Resolución 501 del Consejo Directivo, de noviembre del 2015, con la cual se disminuyó el aporte al seguro de pensiones para cubrir el hueco financiero en el seguro de salud, que financia las atenciones médicas de afiliados y jubilados.

No obstante, según la resolución, la tasa va subiendo cada año, hasta el 2021, a medida que baja la contribución a salud. Con ello, para este año, el aporte a pensiones (8,86%) ya superará al de salud (6,94%). Las dos medidas se adoptaron en el régimen de Rafael Correa. Pese a ello, el impacto de estas dos medidas generó que el IESS tuviese que hacer importantes desinversiones en los últimos años que, según Granda, rondan los USD 5 000 millones.

A octubre del 2018, el fondo de pensiones había disminuido sus ahorros en un 27% frente al 2015. Otro factor que explica la crisis de la entidad, según Rodrigo Ibarra, presidente ejecutivo de Actuaria Consultores, es que “cada vez se jubilan más afiliados con pensiones cada vez más altas”.

El Seguro cerró el 2018 con 477 710 pensionistas, 21 662 más que el año anterior. La pensión máxima (sin contar el incremento por inflación), estará en el 2019 en USD 2 167.

Para Édison Lima, presidente de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, la situación del IESS es el resultado de un manejo “político”. Subrayó que es fundamental la participación de todos los actores de la seguridad social en una “reunión democrática” para hallar soluciones consensuadas a la crisis.

Lima considera prioritario encontrar financiamiento para el seguro de salud, a fin de no afectar más a las pensiones. La principal preocupación de Patricio Sánchez, un futuro pensionista, es poder recibir los recursos de forma oportuna. Inició en agosto pasado los trámites para la jubilación, que calcula en USD 280 al mes. Necesita los recursos para pagar alimentación y otros gastos.

Para Leonor Díaz, de 58 años, los USD 200 que recibe al mes por la pensión de Montepío son fundamentales. Su esposo falleció hace cinco años, por una fibrosis pulmonar. Con el dinero que le entrega el IESS paga el arriendo de una vivienda en el sur de Quito y los gastos escolares de sus nietos.

Granda fue consultado el pasado miércoles sobre la posibilidad de subir la contribución de los afiliados o los años de aportes para dar sostenimiento al sistema. Respondió que esto formará parte de un “gran diálogo”, al igual que el resto de soluciones a los “problemas” que enfrenta el IESS. “Esto ya se había previsto desde hace mucho tiempo. Ahora estamos abocados a reconocer la realidad: el sistema está desfinanciado”, dijo el director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu.

El directivo cree que son necesarios estudios actuariales para definir las soluciones. Ibarra plantea incluir en el debate dos opciones. Una es mantener el sistema actual (solidario), pero con reformas que pueden incluir un alza progresiva de aportes hasta revisar la edad de jubilación.

Otra es ir a un sistema mixto: solidario combinado con uno de cuentas individuales. “La idea de este modelo es que cada trabajador aporte a un fondo común y a su cuenta individual, eso le permitirá saber cómo evolucionan sus ahorros hasta el momento de su jubilación, ya que ahora nadie sabe cuánto tiene para su retiro”.

Fuente: El Comercio – Nota original: LINK