Opiniones divididas en el país por la repentina liberación del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. Para Christian Zurita, periodista de investigación, y Paulina Araujo, abogada penalista, el habeas corpus concedido durante el fin de semana está plagado de anomalías que tendrán que ser esclarecidas por la Justicia.

En Notimundo al Día, el periodista de investigación Christian Zurita y la abogada penalista Paulina Araujo, se refirieron a la decisión judicial que levantó toda clase de críticas en contra de la sentencia del juez Diego Moscoso, de la provincia de Santa Elena, que favoreció con el recurso de habeas corpus al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y logró su libertad luego de 4 años y medio de estar detenido.

Para Araujo, esta es una decisión que presenta anomalías en forma y fondo. Primero, porque en el lugar donde se presentó el recurso constitucional por la defensa de Glas se hizo un sorteo manual, a media noche, y luego, «mágicamente, sí hay sistema y lo registra». Otra irregularidad es que durante la audiencia no se elaboró un acta, como requiere el procedimiento, para saber los temas que fueron discutidos y acordados. «Hasta el momento no tenemos la resolución escrita para entender la motivación de lo que es una barbaridad», señaló.

Explicó que saltan muchas dudas, pues en el ámbito legal resulta complicado obtener un recurso de habeas corpus, y aun logrado, es difícil liberar a la persona, incluso si ya cuenta con boleta de excarcelación. «Este es claramente un caso de un tratamiento distinto», criticó. Además, Araujo recordó que sobre Glas pesan dos sentencias condenatorias ejecutoriadas, por asociación ilícita y cohecho, en el caso Odebrecht y Sobornos, respectivamente. En estas penas, no puede haber un pronunciamiento para cambio de pena, explicó la penalista.

Por ello, se entendería que el habeas corpus concedido es en el el caso Singue, que está pendiente de apelación y por el que debería pagar 8 años de prisión. Otra anomalía que denunció Araujo es que el juez Diego Moscoso tenía en su contra un pedido de suspensión por presunta indisciplina y corrupción, algo que no fue tramitado por el Consejo de la Judicatura, lo que también hace sospechar de la legalidad del juez y su sentencia.

Asimismo, Araujo criticó el manejo de la comunicación por parte del Gobierno, y considera que ha fracasado en ese ámbito.

Por su parte, Christian Zurita lamentó que la  decisión en favor de Glas «se han burlado en la cara ante la Justicia, la política y ante quienes consideramos que debemos construir una estructura moral en el país». También puso en duda la rapidez con la que actuó el sistema judicial, donde en menos de 24 se puso en libertad al exvicepresidente. «Parece que se olvidaron las razones por las que Glas estuvo preso», añadió.

Ante ello, recordó que hay declaraciones ante la justicia internacional de los excolaboradores de Odebrecht donde involucran a Glas como beneficiario del 1% de cada contrato que se firmaba con la empresa en proyectos del país. «Ni siquiera hemos terminado de descubrir todos los casos y Jorge Glas ya está en libertad, y como un héroe», agregó.

Zurita explicó que la cantidad que debería devolver Glas asciende a los USD 13 millones, que es lo que Odebrecth aseguró que entregó a Glory, empresa constituida por Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente. Sin embargo, aseguró que «él no va a pagar absolutamente nada, y menos con la calidad de jueces» que han tomado las resoluciones.

Además, denunció que el juez Moscoso debió haberse abstenido de la decisión por un conflicto de intereses, pues fue funcionario del Ministerio de Justicia como Asesor 1 y Asesor 3, desde 2011. «A partir de 2018 logra asumir el cargo de juez», explicó y añadió que también trabajó como asesor en la Asamblea Nacional. «Esto nos deja clarísimo cuales son las relaciones e intereses que tiene este juez con este grupo de delincuentes que gobernaron el país», sentenció.

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