El asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Briggite García, puso nuevamente en el debate los riesgos a los que están expuestos las autoridades locales de Ecuador. En NotiMundo al Día, Homero Castanier, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), hizo un llamado para que el Ejecutivo garantice la seguridad de todos los gobiernos seccionales.

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Homero Castanier, director ejecutivo de la AME, reveló que al menos 12 alcaldes y 12 concejales a nivel nacional han sufrido algún tipo de atentado en contra de su vida, por lo que conminó al Gobierno a que ejecute acciones urgentes para garantizar su integridad. Recordó que García, la alcaldesa más joven del país con 26 años de edad, es la segunda autoridad seccional asesinada, luego de Agustín Intriago, burgomaestre de Manta.

«Exigimos del Gobierno que se garantice la seguridad de las autoridades seccionales, porque así no se puede trabajar ni hacer gestión», señaló Castanier. Además, hizo un llamado para que el Ejecutivo reintegre a la AME al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), por la vulnerabilidad que representa el ejercicio sus funciones.

Recordó que en 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, los alcaldes formaban parte de este organismo, por lo que considera que debería importante su presencia para coadyuvar en la lucha contra la delincuencia.

Reconoció que, si bien las competencias en el área de seguridad son exclusivas del Gobierno central, desde los gobiernos locales se puede aportar con estrategias importantes para reducir los niveles de riesgo. Asimismo, Castanier indicó que el tema debe ir más allá de lo reactivo, sino que pasa por un plan integral que pasa por recuperar el tejido social, ayudar a personas que han caído en manos de las pandillas, recuperación de espacios públicos, entre otros.

Por otro lado, explicó que el lunes 25 de marzo de 2024 mantuvieron una reunión para hacer un tercer pedido en lo que va del año, para que se levante un análisis de riesgo de los 221 alcaldes del país, con el objetivo de determinar el nivel de vulnerabilidad, a través de una entrevista donde se identifiquen alertas tempranas y se tomen en cuenta a entidades como la Unidad de Análisis Financiero o el Servicio de Contratación Público. «Este rato 45 alcaldes han solicitado el análisis de riesgo y más de la mitad no han sido atendidos», apuntó.

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