El 5 de febrero de 2023, Ecuador aprobará o rechazará la consulta popular propuesta por el Gobierno que, entre los temas que abarca, está uno de los que más preocupan actualmente a la población: la inseguridad. Y en este sentido, la pregunta más importante, a criterio del Ejecutivo, es la relacionada con la extradición, donde se busca enmendar el artículo 79 de la Constitución para que se la pueda aplicar en los delitos relacionados al crimen organizado transnacional.

En Decisión Ecuador 2023, Betty Amores, exasambleísta Constituyente, aclaró que se debe hacer un análisis concreto e individual de cada pregunta de la consulta popular, pues considera que existen algunas que están «de relleno» y que no serán trascendentales los resultados que en estas se presenten, como las referentes al tema ambiental.

En cuanto a la primera pregunta, que aborda la extradición, consideró que la incapacidad del sistema judicial del país no se resuelve quitando la jurisdicción que tienen los jueces para sancionar los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, y que esta es una «salida fácil» que representaría debilitar, aún más, la justicia ecuatoriana.

Por el contrario, hizo un llamado a que se pueda fortalecer a este poder del Estado mediante reformas legales que mejoren su calidad. «No es la solución darse por vencidos y decir que somos incapaces de resolver nuestros propios problemas», apuntó.

Sin embargo, aclaró que las estrategias para combatir este tipo de delitos deben continuar de forma coordinada con otros países, para que a través de la fuerza pública de cada territorio y sus sistemas de justica se pueda acabar con este mal internacional.

De su lado, la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel, explicó que este cambio en la Constitución es fundamental para la lucha contra el crimen organizado transnacional, pues los países que permiten la extradición se vuelven un territorio no deseado para los narcotraficantes. No obstante, compartió el criterio de que el sistema judicial ecuatoriano es «deplorable», debido a las decisiones que se han tomado desde hace un tiempo atrás en favor de personas procesadas por estos delitos.

Insistió en que los crímenes de este tipo afectan no solo a Ecuador, sino a varios países de la región, por lo que se vuelve indispensable la cooperación mutua. También precisó que las reformas judiciales que se requieren en el país no se las puede hacer mediante referéndum, sino que se requiere una reforma parcial a la Constitución.

Además, explicó que, si se une la Convención de Palermo, con la disposición general primera del anexo que establece que estos instrumentos internacionales se apliquen de forma inmediata, ya existe marco jurídico aplicable para la extradición.

Por su parte, Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, precisó que, si bien apoyará la primera pregunta de la Consulta, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta, pues si se aprueba el referéndum tampoco se podría extraditar a extranjeros o ecuatorianos que no hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. «Cuando se niega la extradición por razones de nacionalidad se obliga a juzgar; no es que la persona queda impune», apuntó.

Recordó que existen 222 casos de difusión roja de la Interpol en contra de ecuatorianos, de los cuales dos terceras partes son por delitos de asesinato, robo o violación, mas no por crimen organizado transnacional. Por ello, en ninguno de estos casos serán extraditables, añadió. Asimismo, recordó que ningún país solicita la extradición de miembros de bandas como «Los Choneros», por lo que de igual forma tienen que ser juzgados en territorio nacional.

Para el politólogo, Arturo Moscoso, la extradición no mejorará la justicia en Ecuador, pero sí será una herramienta para proceder en contra del crimen organizado. En este sentido, insistió en que lo que se busca es facilitar el juzgamiento de estos delitos, y que se debe entender los límites que puede tener los crímenes transnacionales.

Manifestó que se debe ser responsable con el contenido de las preguntas de la consulta popular y que este referéndum no se convierta en una especie de medición de la aprobación que tiene el Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Además, recordó que los anexos tuvieron la venia de la Corte Constitucional, que es un órgano independiente y que no responde a intereses políticos, como sucedió en gobiernos pasados.

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