Oscar no se pierde una manifestación desde hace tres años. Ser profesor supuso un gran esfuerzo para este joven de la empobrecida Oaxaca (sureste de México) y, como miles de sus colegas, protesta con vehemencia contra una reforma gubernamental que cree que amenaza su trabajo.

El telégrafo

Fuera de las aulas, cambiando libros por pancartas, piedras y cohetones, a la mayoría de los maestros de los estados más humildes e indígenas de México no les ha temblado el pulso a la hora de protestar y negarse a ser evaluados bajo un nuevo sistema, que aseguran que busca acabar con sus derechos laborales e incluso despedirlos y que no contempla las particularidades de sus regiones.

«Esto no es una reforma educativa, es una reforma laboral», asegura Oscar de la Cruz, sentando en una de las tiendas de campaña que cientos de docentes instalaron la semana pasada en el centro de la ciudad de Oaxaca, bastión del movimiento magisterial radical, donde los maestros han encabezado bloqueos carreteros que el domingo acabaron con enfrentamientos con policías y diez muertos.

Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto ha asegurado que la reforma que promulgó en 2013 busca elevar los bajos estándares educativos del país y acabar con algunos privilegios gremiales, la corriente radical del sindicato de maestros, la CNTE, se ha convertido en una piedra en el zapato para la implementación de esta norma, especialmente en Oaxaca, pero también en Chiapas, Guerrero (sur) o Michoacán. Dar clases sin luz Y ante la indignación de empresarios y ciudadanos por unas protestas que lastiman la economía local, a veces quedan eclipsadas las razones que motivan las protestas de cientos de maestros de a pie.

A sus 36 años, Oscar lleva 16 siendo profesor en comunidades aisladas de la costa oaxaqueña, donde muchos niños sufren malnutrición, faltan a clase por problemas domésticos y tienen dificultades para entender el español. Una situación parecida a la que ha vivido Clara Revilla en sus 27 años como maestra en pueblos olvidados de la sierra del estado. «Carecemos de muchas cosas. Nos hablan de tecnologías y de internet y hay lugares donde no hay ni energía eléctrica», dice esta mujer de 50 años que asegura que tiene que poner dinero de su bolsillo para material escolar o para ver cómo consigue internet para mandar por mail documentos que le pide la secretaría de Educación.

Como la mayoría de los profesores disidentes, Clara y Oscar no tuvieron elección y, durante largas temporadas, tuvieron que vivir lejos de su casa para dar clases a niños ubicados hasta a 6 horas en carro de sus municipios. Ser maestro es el camino más económico y común para salir del campo en las zonas más rezagadas de México. Muchos jóvenes deciden entrar a una escuela Normal -centros de formación de maestros rurales- para obtener su credencial avalada por la secretaría de Educación, que ahora debe ser de nuevo ratificada con la polémica evaluación gubernamental.

El gobierno ha anunciado el despido de más de 3.000 maestros que no se presentaron a esta prueba. Para José Juan Cruz, la razón de la evaluación es otra. «Está muy claro lo que pasa. El gobierno y su sistema neoliberal no quieren hacerse responsables de la jubilación de miles de maestros y dice: le evalúo y, como no pasó, usted pierde sus derechos laborales y sindicales», estima este profesor de 58 años que espera retirarse pronto.

Prácticas oscuras

Aunque el salario no es muy alto -de escasos 400 dólares al mes- el prestigio del cargo, una plaza permanente y prestaciones como el pago de aguinaldo, vacaciones o un seguro médico, seducen a muchos mexicanos humildes, que aseguran que esto se acabará con la nueva reforma. Sin embargo, el gobierno ha prometido terminar con prácticas no escritas como la herencia o venta de plazas dentro de un poderoso sindicato magisterial cuyos líderes opulentos han acabado entre rejas, como su presidenta durante más de 20 años, Elba Esther Gordillo, acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

El líder del ala radical en Oaxaca, Rubén Núñez, también fue detenido recientemente acusado de lavado de dinero. Pero, además de estar preocupados por sus precarias condiciones laborales, los maestros aseguran que la reforma educativa no contempla planes con contenido pedagógico respetuosos con las costumbres y tradiciones de regiones de Oaxaca, donde se hablan lenguas indígenas. «La evaluación no hace mejor al maestro. Nosotros conocemos la teoría pero en la práctica las cosas cambian», concluye la profesora Marisol Bustamante, manifestante en una de las carpas instaladas en el Zócalo de Oaxaca. «El maestro, luchando, también está enseñando», es una de las consignas que ella y sus compañeros repiten a gritos estos días en sus manifestaciones.