Sectores económicos, productivos y sociales rechazaron la disposición del presidente Guillermo Lasso para congelar la gasolina extra en USD 2.55 y el diésel en USD 1.90 alegando que la crisis actual, derivada del brote del COVID-19, la va a pagar la ciudadanía.

Larry-Yumibanda
Créditos: Mario Faustos

En NotiMundo Estelar, Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, manifestó que, en el marco del congelamiento de precios a los combustibles, el Gobierno “tenía que haber sincerado que tenía cumplir con el Fondo Monetario Internacional para recibir los USD 700 millones hasta finalizar el año 2021 y los USD 1.000 millones a lo largo del 2022”.

Precisó que, en el acuerdo con el multilateral, el Ejecutivo se comprometió a incrementar la recaudación tributaria y a eliminar los subsidios del combustible. Sin embargo, dijo que “le tomó de sorpresa” que el presidente Guillermo Lasso decidió aumentar el costo del diésel en un 13% “de un solo golpe“.

Consideró que es una medida que “de una u otra forma le beneficia al Gobierno porque va a ahorrarse unos USD 250 millones de lo que tiene que destinar en el subsidio a los combustibles, y eso implica el gas licuado”.

Recordó, también, que en el Decreto 1054, firmado por el expresidente Lenín Moreno para establecer el mecanismo de bandas en la fijación mensual de costos de gasolinas, se ofreció determinar un mecanismo de subsidio y compensación con la intención de que el precio de los combustibles no afecte a las familias ecuatorianas y conceda estabilidad para incrementar el consumo.

Cuestionó que dicho plan no se ha presentado y tampoco se ha informado detalles sobre una focalización a futuro; al contrario, se presentan propuestas legislativas que “disfrazan impuestos” a través de “contribuciones solidarias”.

Consideró que la canasta familiar se va a incrementar debido a que los controles a los costos no se pueden garantizar en su totalidad.

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