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Esta semana, Venezuela nuevamente protagonizó un escándalo internacional al ser declarado con ‘default’ parcial o con cesación de pagos. Esto quiere decir que prácticamente es un mal pagador e incumple con sus compromisos de deuda. Además, le trae consecuencias.

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Con la más reciente calificación de la agencia de riesgo Standard & Poors, Venezuela entró en ‘default parcial’ tras el impago de 200 millones de dólares en sus bonos globales, lo que amenaza con desencadenar el incumplimiento de su abultada deuda externa.

La agencia calificadora, la primera en declarar el ‘default parcial’ de Venezuela, dijo actuar luego de que se cumplieran 30 días de gracia para pagar el cupón de bonos 2019 y 2024. “Hemos bajado dos calificaciones a ‘D’ (default) y bajamos la calificación de la deuda soberana en moneda extranjera a largo plazo a ‘SD’ (default parcial)”, indicó S&P. Lo más grave de todo, es que esto ocurre en momentos en que el gobierno de ese país intenta refinanciar la deuda externa de unos 150.000 millones de dólares.

Pero en realidad, ¿qué es y qué consecuencias tiene para la crisis del país venezolano entrar en ‘default parcial’? A continuación una breve explicación para entender el difícil panorama económico que atraviesa el régimen de Nicolás Maduro.

¿Cuándo ocurre un default o cesación de pagos?

Un país es considerado en cesación de pagos o ‘default’ cuando incumple total o parcialmente con sus acreedores. Estos pueden ser locales o extranjeros, e incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el caso de Venezuela, lo que está en juego son créditos de inversores privados. Caracas debía pagar este lunes 200 millones de dólares de rendimientos de dos bonos con vencimiento en 2019 y 2024.

El pasado viernes tenía que cancelar otros 81 millones de un papel de su petrolera PDVSA. Mientras, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, evalúa si hubo un cese de pagos de un bono de PDVSA por 1.161 millones de dólares (capital e intereses), para así activar el pago de seguros.

En lo que queda de 2017, Venezuela tiene otros vencimientos por unos 1.470 millones de dólares, y el año entrante deberá pagar unos 8.000 millones de dólares. Actualmente sus reservas son de 9.681 millones de dólares. Los ‘default’ no son inusuales: desde 1999 hubo 26 en todo el mundo, según S&P Global Ratings, y algunos países enfrentaron esa situación más de una vez.

¿Quién declara o constata un ‘default’?

Hay diversas formas de declarar o constatar un ‘default’. El gobierno puede anunciar que no honrará sus pagos y automáticamente incurre en cesación de pagos. El

‘default’ puede ser también declarado por una agencia calificadora, como Moody’s, Fitch o S&P, que comunica públicamente que el país concernido no pagó y, en consecuencia, lo considera en cesación de pagos.

Una tercera posibilidad es que un acreedor privado anuncie que Venezuela no le pagó. Y otra opción es que lo anuncie un organismo como el ISDA, con sede en Estados Unidos, que en los hechos es como un vigía de las deudas soberanas.

¿Cuáles son las consecuencias?

Para un país en ‘default’, la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra es a tasas astronómicas. En el caso de Caracas, además, el gobierno de Estados Unidos prohibió en agosto transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y de PDVSA.

Los acreedores, a su vez, pueden eventualmente embargar activos en el exterior. Para Venezuela, lo más importante es la compañía Citgo, con sede en Estados Unidos, que refina y comercializa gasolina en ese país.

Entre los principales acreedores de Venezuela están China y Rusia, pero también inversores, la mayoría de Estados Unidos, seducidos por los elevados rendimientos prometidos por Caracas dado lo mal considerada que está su deuda.

En el plano judicial, un país en ‘default’ queda expuesto a eventuales represalias de países en los que residen los acreedores. Además, el país queda etiquetado como “mal pagador”, lo cual complica y encarece la obtención de fondos frescos. El FMI podría eventualmente promover un rescate, pero esa posibilidad no está siendo considerada por Caracas. Venezuela aún integra el FMI, pero cortó sus relaciones con el organismo hace 10 años.