Las reformas a la Seguridad Social aprobadas en la Asamblea Nacional dejaron descontentos a varios sectores. En NotiMundo al Día, Diego Salgado, exdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuestionó que la Función Legislativa tenga participación en la designación del presidente del Consejo Directivo y añadió que no se necesitan reformas “parche”, sino la creación de una nueva Ley que se ajuste a la realidad del país.

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A su criterio, la reestructuración del Consejo Directivo del IESS era algo que debía darse, pero la forma en que se aprobó a través de las reformas a la Ley de la Seguridad Social no es la adecuada.

El aumentar el número de representantes de diferentes sectores no vuelve más democrática la administración de un tema «extremadamente técnico», sostuvo Salgado.

Señaló que en lo que se debería profundizar es en la sostenibilidad de la seguridad social, pues el IESS es únicamente el administrador de los fondos de afiliados, jubilados y pensionistas. «Lo esencial es que los afiliados tengamos garantizado nuestro futuro, nuestras pensiones, jubilación y servicio médico», agregó Salgado.

Manifestó, además, su preocupación de que la Asamblea Nacional sea la que resuelva quién es el presidente del Consejo Directivo, de la terna propuesta por la Función Ejecutiva. «¿Cuál es el papel para que ellos decidan quién debe presidir? Por ahí comienza la troncha y la negociación», cuestionó.

Aseguró que las esperanzas en cuanto a la seguridad social no están perdidas, pues durante su administración se logró recuperar las capacidades en el ámbito de la salud, dejando con 80 % de abastecimiento de medicamentos e insumos a hospitales de la red, cuando al inicio de su gestión lo recibió con menos del 30 %.

Por otro lado, reconoció que parte de las reformas aprobadas en la Asamblea tienen cosas buenas, como la obligatoriedad que se establece para que el IESS y el Ministerio de Finanzas establezcan, en un período de 4 meses, el monto real de la deuda del Estado.

No obstante, insistió en que se debe trabajar paralelamente en una Ley actualizada, proyectada para 100 años, pues la existente data de 2001 y es incompatible con la Constitución de 2008.

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