Rosero indicó que la solicitud enviada a Ulloa responde a las “atribuciones” del Cpccs, según lo establecido en el Art. 208 de la Constitución de la República, y que independientemente de la decisión que tome la Asamblea Nacional frente a la posible destitución de tres vocales y la expresidenta del CJ, se tiene que cumplir con la ley y avanzar en el proceso de asignación de autoridades.
.@davidroserow: «El juicio político ha sido calificado ya en la Comisión de Fiscalización para el presidente Ulloa y otros. Independientemente de esto, necesitamos continuar con la designación de autoridades».
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— NotiMundo (@notimundoec) September 1, 2022
El Consejero precisó en que la amistad entre el titular del Cpccs con Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, “no tiene que ver con el cuerpo colegiado”, por lo que exigió que se actúe con “responsabilidad” para que se acceda al trámite de selección de autoridades de la Judicatura, y agilizar el proceso de institucionalidad en el país.
Sin embargo, el presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, a través de un comunicado en redes sociales, anunció que mientras no exista un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, no dará trámite a la terna remitida por Saquicela con los candidatos para presidir el Consejo de la Judicatura. Ulloa destacó que la remisión de una nueva terna, en pleno proceso político de los vocales del CJ y próximo al juicio político en contra de cuatro vocales del Cpccs, “es solo un instrumento para el caos y negocios políticos”.
🔴 #ATENCIÓN | «Mis manos no se enlodarán por decisiones que afecten la institucionalidad del Ecuador», señala @HernanUlloa, presidente del @CpccsEc. Anuncia que no dará trámite a la terna remitida por @ivansaquicela, sin un pronunciamiento previo de la @CorteConstEcu. ⤵️ pic.twitter.com/ik6kr7sybC
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Juicio político al Cpccs
El proceso del juicio político en contra de los cuatros vocales de mayoría del Cpccs que involucran al presidente de la institución, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, los consejeros Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, a quienes los asambleístas de la fracción rebelde de Pachakutik, Ángel Maita y Mireya Pazmiño, acusan por presunto incumplimiento de funciones, continúa. El consejero añadió que el juicio ya ha sido calificado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, e independientemente del proceso, el Consejo necesita continuar con las designaciones de funcionarios.
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