Aunque la responsabilidad política y penal son dos temas distintos, también van de la mano. Así lo explicó en Notimundo al Día, Pablo Encalada, abogado penalista que fue uno de los comparecientes en el trámite que se lleva a cabo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. «No podemos pensar que sin el mínimo indicio de un delito pueda establecerse una responsabilidad política», sostuvo.
Criticó también que de parte de ciertos legisladores se ha dicho que en este proceso no debe probarse el cometimiento del crimen que se lo acusa al Primer Mandatario. «¿Entonces para qué tenemos el juicio político?», cuestionó. Y es que, durante su exposición en el Parlamento, Encalada explicó que en el peculado debe -necesariamente- existir una participación dolosa del imputado, además de que la responsabilidad debe ser personal y no compartida, como sucede en otras materias, como la laboral.
Al no existir los elementos, y que esto quede evidenciado en el llamado de la bancada correísta de UNES para que el Primer Mandatario aplique la muerte cruzada, da muestra lo complicado que les está resultando sostener la acusación. «Lasso o cualquier Presidente está muy lejos de tener responsabilidad sobre los hechos realizados en una empresa pública», consideró el experto.
Finalmente, dijo que tampoco podría determinarse la culpabilidad del Jefe de Estado en la comisión por omisión del delito, pues el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de 2014 establece que en esta figura solo caben los delitos contra la vida, integridad física, salud o libertad, pero no contra la administración pública.
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